La doble moral e injusticia notoria
Es hora de avanzar con una ley que reglamente el Artículo 66 de la Constitución Nacional sobre inhabilidad moral.
POR ARMANDO AQUINO BRITOS
Como si fuera el único tema que importa, la sociedad está debatiendo las agresiones físicas, verbales y mentales a las que el ex presidente Alberto Fernández sometió a la ex primera dama Fabiola Yáñez. El hecho se conoció por una investigación por supuesta corrupción, luego ampliada por denuncia formulada por esta. Ambos hechos merecen una profunda investigación y -de ser ciertos- debemos exigir la máxima sanción. Nos obligan nuestras leyes y los tratados e instrumentos internacionales suscriptos y que hemos adoptado.
Sin embargo, asistimos a hechos que se omiten y si bien no tienen la trascendencia de lo imputado al ex presidente son abominables y aún más graves. El senador por Jujuy del oficialismo, Atauche, fue envuelto en una polémica por conducir ebrio y sobre quien pesa una denuncia por contratar a sicarios para matar a su esposa, lo que no se realizó pues pagó el adelanto de la operación criminal con dólares falsos.
El diputado Germán Kiczka, de Misiones, partido Activar y aliado a La Libertad Avanza (LLA), está investigado por tenencia y distribución de "pornografía infantil". Estos hechos, de ser ciertos merecen un rigor extremo en la investigación y la máxima sanción.
Como antes con la restricción de las inmunidades parlamentarias que se reglamentaron con la Ley 25320 -modificó la irritante inmunidad de proceso de los legisladores-. Es hora de avanzar con una ley que reglamente el Artículo 66 de la Constitución Nacional -inhabilidad moral, desorden de conductas, ya sea en el ejercicio de sus funciones o sean sobrevinientes a su incorporación-.
En esto hay que tener un solo patrón de conducta: sancionar todo acto de violencia contra la mujer, garantizar el cumplimiento de la Convención "Belem Do Para" que protege a la mujer y la Convención de los Derechos del Niño.
No se puede tener conductas ambiguas. Es intolerable la doble moral. Hay que volver a la "ética política" en serio, pues el fin nunca justifica los medios.
Jubilaciones de privilegio y necesidad de reglamentación: sobre este tema del ex presidente Alberto Fernández, como también de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner o el vice- presidente Amado Boudou (este último condenado por sentencia firme) se puso en debate la necesidad de reglamentar las jubilaciones y pensiones de privilegio. Enhorabuena.
Recuerden que otras personas -héroes de Malvinas- por el DNU 1357/2004, Art. 6 que expresamente dice: "Los veteranos de guerra que hubieran sido condenados, o resultaren condenados, por violación de los derechos humanos, por delitos de traición a la Patria, o por delitos contra el orden constitucional, la vida democrática u otros tipificados en los Títulos IX, Cap. l; y X, Cap. I y II, del Código Penal, no podrán ser beneficiarios de las pensiones de guerra a que se refiere el presente decreto".
Se aplicó a los procesados con retención de este reconocimiento y la Corte Suprema admitió la validez de esta decisión diciendo que "el reconocimiento al honor que implica el otorgamiento de esa pensión es incompatible con el hecho de ser condenado por la comisión de los delitos más atroces contra la humanidad".
A los Héroes de Malvinas se les priva de este reconocimiento por hechos que nada tienen que ver con esta pensión honorífica. Más allá del dinero, nada cambiará el honor de defender la Patria y la soberanía nacional.
Sin embargo, no hay traición a la Patria más grande que recibir la confianza del pueblo por medio del voto y traicionar con sus actos cometiendo delitos en perjuicio de este y enriqueciéndose de manera ilícita. Es la traición más vil a la Patria y por ello debe reglamentarse el Artículo 36 de la Constitución Nacional.
En estos casos el Congreso Nacional tiene una asignatura pendiente de cumplimiento y una deuda con la sociedad, porque ley pareja no es rigurosa. s
(*) El autor es abogado, fue funcionario y
legislador provincial.