Tras vetar a jubilados, el Presidente también choca con las universidades 

Mientras el presidente Ja­vier Milei busca por prime­ra vez disciplinar a su tropa después de la rebelión, la deserción y la expulsión de la diputada Arrieta y del se­nador Paoltroni y ordenar el proceso de toma de decisio­nes y conducción política del Gobierno, el oficialismo abre frentes con jugadores pode­rosos del sistema político, social y financiero. 

En el Congreso nacional, donde el oficialismo tropezó tres veces la última semana y a cuya mayoría el Presidente desafiará con su veto total a la flamante ley de movilidad jubilatoria, se cocinan otros dos rounds con resultado incierto. El primero es el re­clamo por los fondos univer­sitarios que el Senado -con apoyo de UxP y UCR- podría convertir en ley esta semana (Ver página 4). Como en el caso de las jubilaciones, el proyecto podría poner en ja­que el superávit que Milei no está dispuesto a entregar. 

El costo de un eventual veto a los fondos universi­tarios se traducirá casi con seguridad en una nueva mar­cha federal para reclamar por el presupuesto de las ca­sas de estudio. Esa causa ya probó su efectividad en abril al convocar a una multitud de diversas extracciones ideológicas o partidarias. En el Gobierno quisieron minimizarla, pero por primera vez el Presidente tuvo que recalcular su dis­curso.

Mientras el oficialismo y el PRO supervisan que no haya deslealtades dentro de su propias bancadas y bus­can asegurar los diez votos que hacen falta para garan­tizar que la oposición no po­drá tener los dos tercios para tirar abajo el veto total del Presidente contra la movili­dad jubilatoria, el oficialismo avanza en la Cámara baja con pelea de resultado incierto con la CGT.

Los proyectos para cam­biar las leyes sindicales pue­den terminar de abroque­lar a la cúpula de la central obrera que se dividió duran­te los primeros 8 meses del año entre los más duros y los dialoguistas. En ese marco, el papa Francisco se prepara para recibir a una extensa comitiva de la CGT. 

La Iglesia está en alerta por el crecimiento de la in­digencia y el avance del nar­cotráfico en los barrios. Son dos de las postales que las organizaciones sociales -de buen vínculo con la confe­rencia episcopal- llevaron el miércoles a su reunión con Cristina Kirchner en el Ins­tituto Patria. Los movimien­tos sociales anunciaron que marcharán el miércoles des­de el Congreso a la Plaza de Mayo para protestar contra el veto. 

La represión a jubilados en las puertas del Palacio Legislativo se replicó en di­ferentes países. La CGT, que acompañó moderadamen­te la movilización del 7 de agosto de la Utep, difundió un duro comunicado contra el accionar de la Policía Fe­deral contra los jubilados. Los obispos patagónicos advirtieron sobre el riesgo medioambiental que podría implicar el oleoducto que atravesará toda la provincia de Río Negro y que permiti­ría triplicar las exportacio­nes de crudo. 

José Luis Espert, uno de los diputados preferidos del Presidente, les contestó con poca diplomacia. "Los obis­pos de la Patagonia comen hostias alucinógenas. Que manera obscena de militar pobrismo y miseria. Dedí­quense a las cosas de Dios. No jodan", escribió el titular de la Comisión de Presu­puesto. 

Mientras el valor de cada voto en el Congreso crece para el oficialismo que nece­sita dar vuelta la página de las derrotas para exhibir una gobernabilidad que maride con la recesión y la baja de la inflación, el Gobierno tam­bién choca con varios de los gobernadores que le tendie­ron la mano en la discusión por la Ley Bases y el paquete fiscal. Mandatarios provin­ciales de JxC y algunos del UxP como Gerardo Zamora -que prestó su firma para el Acta de Mayo- reclaman a viva voz que el Gobierno no cumple con los acuer­dos marco que firmó con las provincias para transferirles decenas de obras y compro­meterse a terminar otras. Los gobernadores se queja­ron por el estado de las rutas nacionales en el Consejo Fe­deral de Inversiones. 

Como si no tuviera dema­siado con el frente político, el Presidente se mete en el medio de la guerra ajena que protagonizan en estos días Mercado Libre y los bancos más poderosos del país, con denuncias cruzadas en la Comisión Nacional de De­fensa de la Competencia.