El mercado contraataca

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska, quien está a cargo del caso por la estatización de la petrolera YPF durante la era kirchneris­ta, ordenó a la Argentina que entregue la in­formación contenida en las cuentas personales de un puñado de actuales funcionarios del Gobierno, y ex funcionarios, con el objetivo de determinar si tuvieron ingerencia en la fijación del precio de los combustibles que comercializa esa empresa. La magistrada reclamó que se le comparta la cartera de correos electrónicos (mails), los mensajes de WhatsApp y cualquier otra comunicación a través de las distintas plataformas que usan los funcionarios. En el listado de los requeridos hay una decena de nombres, en­tre ellos el actual ministro de Eco­nomía, Luis "Toto" Caputo y su antecesor, Sergio Tomás Massa. Es la primera vez que la Justicia de Estados Unidos -La Meca del capitalismo mundial- impone una orden de esta naturaleza a un país. El pedido está dirigido a la administración de Javier Mi­lei, pero comprende también al gobierno anterior. Incluso, llega­do el caso podría ir más atrás en el tiempo porque el acto que dio motivo a la demanda judicial se produjo cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y Axel Kicillof su ministro de Economía.
Resulta delicioso pensar cómo va a resolver este intríngulis el presidente libertario, que se presenta a sí mismo como el nuevo líder de la libertad mundial. Abogado por el capitalismo y pleno dominio de las le­yes de mercado. Pues bien, los tribunales judiciales del país que respresenta como ningún otro al "mercado" le está exigiendo a Milei que desnude los mail y chats de su ministro y también el material producido por mi­nistros de gobierno que le precedieron. La orden salió del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde ya se condenó a la Argentina a pagar 16.100 mi­llones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon casi US$900 millones), buscan volver a incluir en el caso a YPF -sacada originalmen­te- y embargar sus activos. El argumento de Burford es que YPF es "alter ego" del Estado nacional y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada- opera con los objetivos políticos del gobierno de turno. Por eso, la jueza Preska pidió las comunicaciones del ac­tual ministro de Economía, Toto Caputo, pero también del asesor presidencial Santiago Caputo. Además tienen que entre­gar sus comunicaciones Massa y su equipo de trabajo, Gabriel Ru­binstein (viceministro), Guillermo Michel (Aduana), José Ignacio de Mendiguren (Industria).
La medida, que es un hecho inédito, se enmarca en el "disco­very" autorizado en febrero para buscar información desde 2020 a la fecha y probar que las entidades públicas, como el Banco Central y el Banco Nación, son lo mismo que YPF, una sociedad anónima que cotiza tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Nueva York. El objetivo es poder acceder a cualquier activo de la Argentina, por ejemplo el oro que Toto Ca­puto trasladó al exterior.
Los acreedores argumentan que el gobierno de tur­no maneja YPF y los funcionarios imparten orden a través de conductos no oficiales, cuentas de correo electrónico personales o aplicaciones de mensajería (como WhatsApp, Slack o Gmail). El Gobierno ya ofre­ció revisar sólo las comunicaciones externas de fun­cionarios con empleados de YPF o del Banco Central, pero los reclamantes lo consideran insuficiente y quie­ren ir a la intimidad. La jueza aceptó y mandó la orden a la Argentina. 
¿Cómo lo resolverá el gobierno pro mercado?