Procesaron a acusada clave en el caso de las estafas con lotes en Santa Ana

La investigación judicial por el caso de corrupción con venta de lotes en Santa Ana de los Guácaras que derivó en un escándalo institucional tuvo novedades

ayer con el procesamiento de la última de las detenidas por el hecho, y una pieza clave en todo el armado de la presunta asociación ilícita de la que participaron funcionarios de alto rango de la provincia de Corrientes, profesionales del Derecho y la Escribanía y hasta un fiscal de cámara. 
 De acuerdo a lo informado ayer por fuentes judiciales se trata de Teresa Vázquez, una de las principales personas involucradas en la causa conocida como "megaestafa" vinculada a la Dirección de Catastro de la provincia de Corrientes. 
El Juzgado de Instrucción N.° 3 resolvió la situación legal de la imputada vinculada a la compleja investigación de una organización que se dedicaba a la venta ilegal de terrenos.
Este lunes 9 de septiembre el juzgado de Instrucción N.° 3 a cargo de la doctora María Josefina González Cabañas Morales resolvió la situación legal de la imputada Teresa Olinda Vázquez vinculada a la compleja investigación que se iniciara a fines del 2021.
Se ordenó el procesamiento de Vázquez por considerarla coautora del delito de asociación ilícita (Art. 210 del C.P) en concurso real (Art. 55 del C.P) con el delito de estafa (Art. 172 del C.P) ocho veces reiteradas en concurso real. Esto último en calidad de coautora funcional (ART. 45 del C.P) en concurso ideal con los delitos de falsedad material (Art. 292) y falsedad ideológica (Art. 293) en calidad de partícipe primario (Art. 45 C.P).
Asimismo se ordenó la prisión preventiva la que deberá continuar en su actual lugar de detención, ante la existencia de los riesgos procesales allí analizados, recordando que la encausada permaneció prófuga y luego en calidad de rebelde durante la investigación por casi dos años. 
Desde el jJuzgado de Instrucción N.° 3 informaron que la prueba incorporada acreditó una serie de maniobras de gran complejidad, en razón de que fueron usadas formas, técnicas registrales, notariales y jurídicas como maniobras ilegales, desplegadas por la imputada y los demás coautores, todas ellas producto de un acuerdo y comunidad de intereses, tendientes a despojar a los verdaderos titulares de inmuebles.
Ello fue posible debido, por una parte, a que dos funcionarios públicos integraron dicha comunidad de intereses delictivos, y por otra el aprovechamiento de los autores, de la gran desidia generalizada en las instituciones públicas que a razón, tuvieron un gran relajamiento en sus estructuras de control. En concreto, tanto el Registro de la Propiedad del Inmueble como en la Dirección General de Catastro ha reinado un desconcierto organizativo y de control que afectó severamente el tráfico inmobiliario en la Provincia de Corrientes y en la fe pública depositada en los funcionarios encargados de la realización de las maniobras delictivas.