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NIÑO DESAPARECIDO HACE TRES MESES EN CORRIENTES

Caso Loan: padres pidieron apartar a la Fundación Dupuy tras arresto de perito

Lo solicitaron ante la justicia, luego de la orden de detención concretada por el delito de falso testimonio. También apuntaron contra Bullrich. 

AL CUMPLIRSE UN NUEVO MES SIN EL PEQUEÑO SE REALIZARON ALGUNAS ACTIVI­DADES EN GOYA Y CORRIENTES SIN ALCANZAR LA MAGNITUD DE EVENTOS ANTE­RIORES, DADO EN PARTE EL CAMBIO DE POSTURA DE PARTE DE LA FAMILIA DEL PEQUEÑO CON RESPECTO AL PODER POLÍTICO DE CORRIENTES Y SUS PRINCIPALES FIGURAS. 

Fuentes judiciales infor­maron sobre una medida judicial de los papás de Loan tras la detención del psi­cólogo forense que apuntó contra la Fundación Dupuy. Luego de la detención del psicólogo forense que per­tenecía a la Fundación Du­puy, María Noguera y José Peña tomaron una decisión e hicieron un pedido: tras la detención los padres de Loan solicitaron una medi­da judicial luego del arresto de Federico Rossi Colombo. La novedad encendió las alarmas sobre la Fundación Dupuy, surgida a raíz del tremendo caso de violación y muerte del niño a manos de su madre y la novia de esta. El psicólogo forense pertenece a la organización liderada por el abuelo de Lucio en La Pampa. Frente a este escándalo, María No­guera y José Peña tomaron una fuerte postura al solici­tar al Juzgado Federal, me­diante su abogado Roberto Méndez, que la Fundación Dupuy quede afuera de la investigación. Como si fue­ra poco, también pidieron la exclusión de los organis­mos especializados del Mi­nisterio de Seguridad de la Nación que participan de la búsqueda. Mientras tanto, reclamaron la intervención del Centro Nacional de Ni­ños Desaparecidos y Explo­tados (Ncmec, por sus siglas en inglés) para determinar si hay nuevos informes que puedan proporcionar infor­mación relevante sobre el caso.

La solicitud se da luego de la reconciliación de la fami­lia de Loan con el Gobierno provincial, al que habían cri­ticado fuertemente durante los primeros momentos del caso, pero ahora cambiaron luego de echar al mediático abogado porteño Fernando Burlando. La querella consi­dera que las tareas que llevó a cabo esta organización no arrojó resultados efectivos, profesionales, ni transpa­rentes, lo que derivó en la hipótesis de que podría ser un obstáculo para la inves­tigación. De hecho, ahora sospechan de que esto des­víe las pruebas que puedan revelar dónde está Loan Da­nilo Peña para encubrir el hecho y al oír eso también pidieron excluir al Ministe­rio de Seguridad de la Na­ción. 

Por otro lado, en cuanto al pedido sobre la interven­ción del Ministerio de Se­guridad de la Nación, está apuntada contra la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad y la Comisión Asesora en Ma­teria de Lucha contra el Ci­berdelito. Con esto, desde el entorno de María Noguera y José Peña buscan reforzar las acciones de búsqueda y el intercambio de informa­ción digital para acelerar el avance de la investigación. En ese sentido, consideran que el uso de estas herra­mientas podría revelar in­formación crucial sobre los dispositivos electrónicos y las cuentas de correo de los imputados, así como per­mitir la correlación de estos datos con otros casos de de­litos contra menores en la región. 

CRISTINA KIRCHNER 

"Vivimos en un país en que un niño ha desaparecido hace 90 días"

Además, el caso tomó nueva visibilidad con la in­tervención de Cristina Kir­chner que durante un acto dijo: "Vivimos en un país en que un niño ha desapareci­do hace 90 días y se presume que se lo han llevado para tráfico sexual, y tenemos un diputado al que acaban de sacar de la Legislatura por material de abuso infantil y otro legislador detenido por lo mismo. No pueden ser palabras que un Presidente pronuncie. No pueden con­tener violencia simbólica o explícita", agregó

La investigación por la desaparición del niño Loan Peña tuvo novedades con la detención del perito de la fundación Lucio Dupuy, acusado de falso testimo­nio en el marco de la causa principal, aunque ajeno a la cuestión de la sustracción del menor. Por otra parte, personalidades retomaron el caso en sus intervencio­nes mediáticas como la ex vicepresidenta y presidenta Cristina Fernández de Kir­chner y también el fiscal general de la provincia de Corrientes, César Sotelo. 

CUANDO EL CASO ESTABA BAJO SU ÓRBITA

Fiscal general reconoció impericia en la etapa inicial 

El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, calificó como impe­ricia las etapas iniciales del caso Loan. Al reconocer que el fiscal de investigación Juan Carlos Castillo pudo haber cometido errores, el fiscal general coloca el foco en la vulnerabilidad humana presente en cualquier proceso judicial. Ade­más, destacó la existencia de un "germen de la maldad" dentro del núcleo familiar de Loan Peña y que entre ciertos miembros del equipo investigador, uno de los siete dete­nidos era comisario del pueblo, el oficial Walter Maciel. 

"La noción de traición y diso­nancia ética que implica esta de­claración introduce un conflicto interno que podría explicar en parte por qué el caso ha sido tan difícil de manejar. El caso de Loan Peña, en su esencia, debería cen­trarse en el paradero y bienestar del joven desaparecido. Sin em­bargo, la cobertura mediática ma­siva ha transformado este caso en un espectáculo, desvirtuando el propósito esencial de la investiga­ción", aseveró en declaraciones te­levisivas el funcionario a cargo del Ministerio Público. "En lugar de concentrarse en encontrar a Loan Peña y esclarecer su desaparición, el enfoque ha cambiado hacia las posturas y declaraciones públicas de abogados y partes interesadas. Este desplazamiento del núcleo del caso representa un grave ries­go tanto para el sistema de Justicia como para las personas afectadas directamente por el caso", señaló.

El fiscal general ha recalcado que casos pasados, como una de­nuncia de acoso sexual en 2019 contra el comisario Maciel que no fue debidamente atendida, refle­jan las fallas sistémicas y la des­confianza que tiene la ciudadanía hacia las autoridades. La burocra­cia y los procedimientos que deben ser seguidos, aunque necesarios, a veces pueden entorpecer el acceso a la justicia y la claridad en las in­vestigaciones a cargo de la Justicia provincial, como el caso Loan que luego pasó a la federal por conside­rar que fue un secuestro extorsivo, lo que hasta ahora no se ha acre­ditado. s

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