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ASEGURAN QUE EL SISTEMA PRESENTA GRAVES DEFICIENCIAS

El Gobierno dará de baja a 200.000 pensiones por discapacidad

Lo confirmó el titular de ANDIS, die­go spagnuolo, quien planteó que la administración libertaria apuesta a controlar el organismo.

El Gobierno avanzará con la baja de 200.000 pen­siones por discapacidad por presuntas irregularidades en el cobro de la asistencia, un número que podría am­pliarse una vez finalizado el proceso de auditorías de las 1.250.000 asistencias que se otorgan actualmente. 

Así lo confirmó el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Die­go Spagnuolo, quien plan­teó que la administración libertaria apuesta a contro­lar el organismo.

"Lo que antes funcionaba sin ningún tipo de control, nosotros queremos con­trolarlo. Hoy estamos en proceso de baja de 200.000 pensiones", aseguró el fun­cionario en una entrevista con la agencia Noticias Ar­gentinas. 

Y consignó que "se pu­blicó un informe de la Su­perintendencia de Servi­cios de Salud donde lo que se deduce es que lo que se está pagando en concepto de transporte de personas con discapacidad equivale a 72 viajes ida y vuelta a la Luna por mes. Es una bar­baridad", ejemplificó. 

En la misma línea aclaró: "Lo que buscamos es opti­mizar el sistema que, como está planteado hoy, es in­viable desde todo punto de vista. Cada vez se paga más dinero en concepto de pres­taciones de discapacidad y de transporte". 

Según precisó, las cifras surgen del "ineficaz" con­trol en las prestaciones, y del incremento en la de­manda de los prestadores. 

Actualmente se otorgan 1.250.000 pensiones: de ese total, la administración del presidente Javier Milei sumó 20.000 nuevos pedi­dos desde diciembre 2023, y tiene en estudio 600.000 casos. 

La asistencia supone una cobertura de $220.024, lo que representa un 70% de una jubilación mínima. 

Asimismo, la agencia redujo el porcentaje de dis­capacidad por beneficiario: antes alcanzaba un 76% de afectación y hoy es del 66%. 

"Ya sea 66 o 76 por cien­to, es una afectación física notable, o sea, se percibe a simple vista", argumentó el funcionario. 

En otro pasaje de la en­trevista, Spagnuolo reveló que en una coordinación conjunta entre los Minis­terios de Salud, Seguridad y Justicia se capturaron 14 prófugos que cobraban de manera irregular una pen­sión no contributiva por in­validez laboral, y que esta­ban acusados de robo agra­vado, intentos de violación y otros delitos graves. 

También denunció que durante el gobierno del Frente de Todos se otorga­ron pensiones irregulares en las provincias del Chaco, La Rioja, Tucumán y Ciu­dad de Buenos, distritos que serán los primeros en ser auditados por el orga­nismo.

"Durante el período de Alberto Fernández los re­quisitos se ablandaron mu­chísimo, y hoy quedaron básicamente tres: tenés que ser argentino; si sos extran­jero, tener una residencia de 10 años; y no estar en una situación de conflicto con la Justicia, o sea, dete­nido o prófugo", especificó. 

Ante este panorama, la agencia inició las audito­rias "caso por caso" del to­tal de las asistencias que se dieron en los últimos cua­tro años, y avanzará con la totalidad de las ayudas registradas; esperan tener los resultados de la revi­sión para mayo del 2025. "La gente concurría, char­laban con un médico, por­que ni siquiera había una revisión, y se le otorgaba un diploma; en breve se les comunicará cómo empe­zarán a cobrarlo", detalló Spagnuolo, quien contó además que hay una de­nuncia penal librada con­tra Fernández y Fernando Galarraga.