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La batalla por delante

Ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Alfonsín eligió el día a propósito para su asunción en 1983; queda una asignatura pendiente.

La crónica de los hechos ya fue contada muchas veces, pero conviene repasarla para quienes no la conocen, o se olvidaron. El 10 de diciembre de 1983 volvió la democracia de manera efectiva a la Argentina luego de muchos años de oscurantismo y violencia. El 30 de octubre de ese año, el radical Raúl Ricardo Alfonsín se impuso en las elecciones presidenciales con el 51,7% de los sufragios; la dictadura primero quiso extender su dominio al menos un semestre y estirar la entrega de mando para el 25 de mayo de 1984. Alfonsín se negó y entonces publicaron un decreto para adelantar el traspaso de mando el 30 de enero de 1984, pero el líder radical se volvió a negar e impuso la fecha del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Pasaron 41 años y el peso de la historia adquiere una vigencia indiscutible frente a la sucesión de acontecimientos que hilvanaron el devenir institucional del país hasta estos días. Ayer fue el Día de los Derechos Humanos, aunque muy pocos lo recordaron, precisamente porque el actual Gobierno nacional, que encabeza Javier Gerardo Milei, casi no le hace honor a la fecha.
La efemérides fue impuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 cuando aprobó la Declaración Universal que proclama en 30 artículos, aquellos derechos básicos que deberían respetarse en toda la humanidad. Argentina acumula una abultada deuda en esta materia y no sólo por la horrorosa intervención de las Fuerzas Armadas en distintos capítulos de la historia sino por el atroz contagio que tuvo la dirigencia nacional.
El cambio de siglo y la modernidad, con nuevas figuras en el poder, no ha erradicado los peligros de la barbarie, simplemente han cambiado las formas de una vieja práctica: el terror sigue en pie. Hay una asignatura pendiente para la sociedad argentina, la batalla cultural que se debe encarar no tiene que ver con la ideología ni con los modelos económicos, la batalla es por la civilización.
De los muchos y variados balances que se conocieron ayer a propósito del aniversario de Milei en la Casa Rosada, hay uno que impacta de lleno en la actividad que realizan esta y miles de empresas de comunicación del país. Se trata del relevamiento que hicieron desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) a través de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, con la colaboración de asociaciones de trabajadores de prensa, y que expone la afectación a la libertad de expresión durante este primer año de gestión del libertario.
"Hay una serie de iniciativas concretas cuyo denominador común es la concepción del Estado como obstáculo a la acción de los poderes fácticos. El vaciamiento y los intentos de cierre de medios de comunicación y organismos públicos vinculados con la comunicación y la cultura han sido una constante", señala el informe. Y agrega con tono de advertencia, el "notable el debilitamiento de las voces de mujeres y disidencias sexogenéricas" en los medios.
La Carrera de Comunicación investigó y acopió información junto con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) para nutrir el estudio.
"Censura, hostigamiento, precarización y despidos a periodistas; violencia y criminalización contra personas que toman la voz pública; retracción de políticas de comunicación y desmantelamiento de medios y organismos públicos; obstáculos en el acceso a la información pública; asignación discrecional de fondos publicitarios; ciberacoso y vigilancia digital, son algunos de los grandes ejes para dar cuenta de los hechos ocurridos desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en materia de libertad de expresión", señala el informe.
Son actos y gestos cotidianos que todos ven, lo perciben, lo actúan, o peor: lo sufren.