Borrón y cuenta nueva

Un puñado de gobernadores firmaron ayer en el Ministerio de Economía de la Nación sus respectivas cartas de intención para la ad­hesión voluntaria al denominado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que consiste en la cancelación de deudas que la Nación tiene con cada una de las provincias a cambio de la entrega de tierras fiscales, empresas públicas o privadas, conce­sión de rutas y otros servicios o bienes. Una especie de borrón y cuenta nueva que le permitirá al Estado na­cional sacarse de encima las obligaciones que arrastra con distintos distritos y que lo condiciona en el trato administrativo y financiero. Sin Presupuesto Nacio­nal para el ejercicio 2025 los go­bernadores parecen dispuestos a prestarse a un arreglo claramente desventajoso con tal de procurar una fuente nueva de donde obte­ner recursos.

Con la firma de la carta in­tención se abre una mesa de diálogo con el Gobierno central para acordar los términos del in­tercambio que concluirá con la compensación de deudas. Con independencia de la legitimidad y magnitud de lo que se reclama, en este tipo de sistema es impor­tante la capacidad de negociación y aquí salta a la vista cuál de las dos partes tiene mayor poder de fuego.

Corrientes que tiene un par de demandas fuertes contra el Estado nacional viene muy postergada en la consideración y no sólo con este Gobierno, también con anteriores administraciones. Por algo será.

Como sea, los primeros gobernadores en desfilar por el Ministerio de Economía fueron Raúl Jalil (Cata­marca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Ziliotto (La Pampa), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (En­tre Ríos). Dicen que en la próxima tanda irá Gustavo Valdés y también están en agenda los gobernadores de Neuquén, Chubut, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Cruz y Córdoba. Son los "dialoguistas", que hasta aquí han sido permeables a los deseos del presidente Javier Mi­lei sin recibir casi nada a cambio. 

Por ejemplo, los más beneficiados con la distribu­ción de los ATN -Aportes del Tesoro de la Nación-, que son fondos no reintegrables que entrega la Casa Rosada, fueron Tucumán, Misiones y Santa Cruz. La provincia de Corrientes va última en la cola. 

Sin presupuesto, sin obras públicas y con los apor­tes discrecionales que llegan a cuentagotas, los man­datarios están dispuestos a "negociar" sus acreencias con tal de abrir algún grifo que provea financiamiento. Por ejemplo, el catamarqueño Jalil y el salteño Gustavo Sáenz están interesados en el Belgrano Cargas, que el Gobierno anticipó que estaba sujeto a privatización. Las dos provincias estarían dispuestas a encargarse de la administración de esa línea a cambio de olvidarse de reclamar deudas a la Nación.

Así cada distrito tiene algo para negociar. Es como rematar los pa­garés que se venían renovando sin suerte. En general, las provincias reclaman deudas de retenciones del impuesto a los combustibles líquidos que la Nación realiza pero no transfiere, partidas para obras públicas -por convenios que se firmaron e incumplieron-, el pago del Fondo Compensador del Con­senso Fiscal y de los fondos Fidu­ciario para el Desarrollo Provincial, de Infraestructura Regional y del Fondo Nacional de Incentivo Docente. En particular, Corrientes y otras doce provincias re­claman el envío de fondos para las cajas previsionales no transferidas. La cifra es multimillonaria. La Nación cortó los envíos y se niega a reactivarlos.

El gobierno de Milei tiene un claro objetivo con este plan, pero ¿corresponde que Valdés incorpore la pro­vincia a este programa de borrón y cuenta nueva? El gobernador radical ha comenzado a transitar su últi­mo año de gobierno, debería someter el asunto a con­sideración legislativa y explicitar claramente a cambio de qué resignará su acreencia. 

Una cosa es una compensación beneficiosa y otra, muy distinta, es una "compra" obligatoria de lo que po­dría ser una pésima inversión.