Obligan a universidades a reformar la rendición de gastos

Después de un tiempo de tregua, el Gobierno de Javier Milei retomó una de las batallas políticas que marcaron este 2024: la discusión por la auditoría de

los gastos de las universidades, principalmente los de la UBA. Tres ministerios redactaron una batería de decretos con el objetivo de reformar el actual sistema de gestión económica y financiera de esas casas de altos estudios y, también, prohibir la firma de convenios y acuerdos directos, sin licitación ni compulsa de precios. 
El paquete normativo total involucra cuatro decretos -tres publicados ayer y otro previsto para la próxima edición- que modifican el marco normativo para las compras, contrataciones y el manejo presupuestario en las universidades públicas. Estas reformas implican la adopción obligatoria de sistemas electrónicos nacionales como Compr.ar, Contrat.ar y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-Sidif). Además, se restringe al mínimo la posibilidad de firmar "convenios interadministrativos" con entes públicos o cooperativas, que quedaban fuera de los controles del Estado nacional.
Este último punto es clave, porque en las investigaciones de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), con quien la UBA mantiene una disputa en tribunales, se descubrieron unos 2.400 convenios por montos multimillonarios con diversas irregularidades. En la batería de decretos que elaboraron los ministerios de Capital Humano, Descentralización y Economía se dejó una instancia de negociación: no se establecieron cronogramas ni fechas límite para su implementación. "Queremos el diálogo", dijeron en el Gobierno.
El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicaron los detalles de los cambios en una rueda de prensa de la que participó Infobae. Ambos resaltaron que los cambios no avanzarán en modo alguno sobre la autonomía de esas instituciones, que está reconocida por la Constitución Nacional y las leyes, sino que las incorpora a los requerimientos de transparencia que rigen para la administración de fondos en todos los organismos públicos. Fariña -virtual viceministro de Federico Sturzenegger- explicó que los decretos "se enmarcan en una lógica de la política de transparencia del Gobierno nacional" y puso como ejemplo la disolución de 15 fondos fiduciarios, algunos de los cuales "gastaban el 70 u 80% de su dinero en salarios y no destinaban casi nada de los fondos al fin para el cual habían sido creados". Otro caso fue "el fin de los privilegios de las empresas públicas, que tenían un monopolio en la contratación del Estado, como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Correo o la agencia Optar".