Cromañón: a dos décadas de la masacre todas las condenas se cumplieron

Cuatro juicios orales se llevaron a cabo por la masacre del boliche República de Cromañón, que mañana cumplirá dos décadas. El 30 de diciembre de 2004

allí fallecieron 194 personas y más de 1.432 resultaron heridas, mientras que el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra fue sometido a un juicio político en el que se aprobó su destitución. Actualmente, por la masacre de Cromañón no hay ningún detenido, tanto los integrantes de la banda Callejeros como los ex funcionarios porteños y el propietario de Cromañón fueron liberados tras cumplir sus penas. En el caso de Omar Chabán, murió hace ya diez años, el 17 de noviembre de 2014. Además, recientemente el ex cantante de la banda tuvo una entrevista en el Vaticano con el papa Francisco. 
 El primer juicio finalizó el 27 de diciembre de 2007, fueron condenados tres miembros de la Superintendencia de Bomberos por recibir coimas de parte de dos empresarios. El jefe de la División de Prevención de Incendios de Bomberos de la Policía Federal, Alberto Corbellini, y Marcelo Nodar fueron sentenciados a cuatro años y medio de cárcel, al tiempo que Marcelo Fabián Esmok recibió dos años y seis meses por el delito de cohecho pasivo. A los tres involucrados, además, se les impuso una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Se comprobó que dos empresarios llamados Rubén Fuertes y Luis Alberto Perucca les proveían distintas cifras de dinero a los responsables a cambio de asegurarles la obtención del certificado.
El 7 de marzo de 2006, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra, señalado como uno de los responsables de la masacre, fue destituido a través de un juicio político llevado a cabo en la Legislatura porteña. Con diez votos afirmativos, cuatro negativos y una abstención se aprobó la remoción del ex alcalde que ocupaba el cargo desde agosto del 2000. Fue reemplazado por Jorge Telerman, quien era el vicejefe de Gobierno, hasta el 10 de diciembre de 2007. En agosto de 2006, la jueza Crotto sobreseyó al ex funcionario por determinar que los hechos que se le acusaban no eran delictivos. Actualmente litiga como abogado y es parte de la defensa en el caso Soto Dávila. El 19 de agosto de 2008, el ex gerente del boliche, Omar Chabán; Raúl Villarreal, su mano derecha; los integrantes de la banda Callejeros; su mánager, Diego Argañaraz, y el escenógrafo Daniel Cardell llegaron al segundo debate oral imputados por estrago doloso seguido de muerte. Otros tres funcionarios del gobierno porteño fueron juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público: Fabiana Gabriela Fiszbin, Gustavo Juan Torres y Ana María Fernández. En tanto, a dos agentes de la Policía Federal, identificados como Miguel Belay y Carlos Rubén Díaz, se les imputaron los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario.
 El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 de la Ciudad de Buenos Aires absolvió a los músicos. Por su parte, Chabán recibió la pena de 20 años de cárcel y Argañaraz 18.
 Los jueces no consideraron que Callejeros incentivaba las bengalas en los recitales, sino que toleraba su uso y que tanto Chabán como Argañaraz eran los responsables de la organización. Sin embargo, el veredicto no estaba firme, por lo que los culpables no se encontraban detenidos.
 En septiembre de 2015, la Cámara Federal de Casación porteña ratificó las sentencias contra los ex funcionarios, miembros de la banda y el resto de los acusados tras desestimar sus pedidos de apelación. En este contexto, la Corte Suprema calificó de "inadmisibles" los recursos presentados por los imputados, por lo que debían regresar a la cárcel para cumplir las condenas.
 El tercer juicio sucedió en 2012, donde se sentaron en el banquillo el dueño del boliche, un comisario, ex funcionarios y el director del Servicio de Seguridad Privada, Vicente Rizzo. 
Rafael Levy fue condenado a la pena de cuatro años y medio de cárcel por el delito de incendio doloso calificado. Los magistrados constataron que el dueño del boliche "no podía desconocer que el tipo de habilitación no era el adecuado para la actividad que se venía realizando, ni para la cantidad de gente que ingresaba".