El Gobierno nacional volvió a prorrogar por decreto el Presupuesto de 2023

El Gobierno prorrogó el Presupuesto de 2023 lue­go de que no pudo avanzar con el debate en el Congreso durante las sesiones ordina­rias. Esta es la segunda vez que extienden la vigencia del último plan presupues­tario de Alberto Fernández desde que el presidente Ja­vier Milei asumió la gestión.

La medida se hizo efecti­va mediante la publicación del decreto 1131/2024 en el Boletín Oficial, que estable­ce: "A partir del 1º de enero de 2025, en virtud de lo es­tablecido por el artículo 27 de la ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector públi­co nacional Nº 24.156 y sus modificatorias, las dispo­siciones de la ley Nº 27.701 de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio de 2023, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el citado artículo 27, en los términos del de­creto Nº 88". 

A su vez, el Gobierno ins­truyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a "ade­cuar, oportunamente, el presupuesto que se prorro­ga".

"Dado lo avanzado del ejercicio presupuestario de 2024, no resulta posible de­finir con inmediatez y preci­sión las adecuaciones referi­das en el artículo 27 de la ley Nº 27.701, por lo cual estas se llevarán a cabo oportuna­mente", argumenta el Ejecu­tivo en el considerando de la norma.

En consecuencia, plantea: "Teniendo en cuenta tal cir­cunstancia, y con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a car­go de las jurisdicciones y entidades de la admi­nistración nacional, co­rresponde prorrogar los recursos, fuentes finan­cieras y créditos vigentes al cierre del ejercicio de 2024". 

Al momento de asumir la gestión el Gobierno pro­rrogó el presupuesto previs­to para el ejercicio de 2023, por lo que las partidas de­bieron reasignarse según el plan económico y de ajuste fiscal que impulsó el manda­tario y todo su equipo eco­nómico. Pese a los grandes acuerdos que logró alcanzar el oficialismo en el Congreso durante este año legislativo, la cuestión presupuestaria es uno de los últimos temas que desató conflictos.

Los gobernadores de los sectores aliados fueron quienes se resistieron a la propuesta presupuesta­ria que llevó el Gobierno al Congreso. Frente a esto, Milei y Caputo mantuvie­ron firme su negativa de no aceptar los reclamos de las provincias. Entre los princi­pales puntos que exigían al Ejecutivo se encontraban: financiamiento por com­pensación del pacto fiscal de 2017, celebrado entre las provincias y la administra­ción de Cambiemos; copar­ticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distri­buidos durante este año; re­ducción del aporte realiza­do por las provincias de los fondos coparticipables por financiamiento a la ex Afip; eliminación de las afectacio­nes específicas del impuesto a los combustibles, según los gobernadores, subeje­cutados por el Ejecutivo y pasibles de coparticiparlos; y financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas a la Nación por encima de los $254 millones asignados. 

El año legislativo finalizó y, pese a que el Gobierno asegura que convocará a ex­traordinarias, el Presupues­to de 2025 no fue incorpora­do a la lista de temas a tratar. De igual forma, todavía el llamado no se hizo oficial.

MANOS LIBRES

La nueva prórroga le per­mitirá al Gobierno mane­jar las cuentas de 2025, un año en que el Presidente adelantó que habrá "mo­tosierra profunda" con la misma discrecionalidad con las que manejó el de 2024. Significa que el Gobierno administrará el Presupuesto recurriendo a los DNU y a las decisiones administra­tivas del jefe de Gobierno, eludiendo al Congreso. "Es una medida sin precedentes que se extienda la vigencia del presupuesto por 2 años", dijo el tributarista Marcelo Rodríguez. "No resulta una medida ideal atento a la im­portancia que tiene el Presu­puesto a fin de alinear ade­cuadamente la aplicación de los recursos del Estado", agregó. Para Asap esta pró­rroga "constituye un retro­ceso en la institucionalidad del sector público nacional y refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos míni­mos necesarios que permi­tan contar con la norma más importante para la gestión anual de gobierno".

Asap señala que "este re­troceso no se limita a una cuestión de formas, ya que también tiene implicancias en diversos órdenes, dado que el Presupuesto, aparte de ser la expresión financie­ra anual de las políticas pú­blicas, y como tal incluye los autorizaciones máximas de gasto y el cálculo de los re­cursos para atenderlos, tam­bién contempla los niveles prestacionales en términos físicos, define la meta de re­sultado financiero, autoriza la emisión de nueva deuda pública, incluye el plan de obras en infraestructura, contempla disposiciones que afectan a distintos ac­tores económicos del sector privado".

También se admite que el Ejecutivo fue posponiendo el tratamiento parlamen­tario del proyecto de 2025 para volver a tener las "ma­nos libres" para manejar el Presupuesto. Nadin Arga­ñaraz, del Iaraf, dijo que "el presupuesto es considerado habitualmente como la ley de leyes, de lo que se deduce su importancia como guía legal de la asignación de los recursos tributarios durante un periodo determinado".

Asimismo, agregó: "En la medida que haya crecimien­to nominal de ingresos por el propio funcionamiento de la economía, los recursos excedentes deben ser asig­nados. Si en lugar de Presu­puesto nuevo hay prórroga del viejo, esa asignación la debe hacer el Poder Ejecuti­vo por decreto".