La Nación aprieta la clavija de la recaudación de los municipios

El Ministerio de Economía de la Nación envió una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que implemen­ten medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las "Tasas mu­nicipales", en especial aque­llas que su valor no guarde proporcionalidad con el cos­to de la prestación del servi­cio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias. "Son las que incumplen la Ley 23548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales", dice la misiva que la cartera que dirige Luis "Toto" Caputo en­vió a las gobernaciones.

Este es el primer paso para la reestructuración de la gri­lla de impuestos, tal como lo anunció el presidente Ja­vier Milei en el discurso de balance de su primer año de gestión. En esa oportunidad señaló que el objetivo este año es eliminar el 90% de los impuestos nacionales de tal manera que quedarían en pie un puñado de no más de seis o siete tributos. Pero, la reorganización de la grilla tiene una condición: obligar a las provincias a limpiar su maleza impositiva. 

El foco de la Casa Rosada está puesto en la desapari­ción del cobro de Ingresos Brutos por parte de las pro­vincias y a la par pretende recortes a la voracidad fiscal de los municipios con tasas que multiplican y triplican la presión impositiva. Por eso el Gobierno reclamó a las provincias medidas para que municipios adecuen tasas municipales al costo de los servicios prestados.

En este sentido, en el escri­to se solicitó que se eliminen estas "Tasas municipales" que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o ba­ses con los impuestos nacio­nales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efecti­vamente prestado; y no res­petan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se pi­dió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su parti­cipación de la masa coparti­cipable.

La misiva del Ministerio de Economía destaca que el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplica­da por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incre­mentos en la presión tribu­taria. A su vez -dice- estos tributos afectan los costos de los bienes y servicios, e impi­den una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdiccio­nes.

La nota enviada también hace hincapié en que Ley de Coparticipación, a la cual ad­hirieron todas las provincias, obliga a estos distritos y a sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, con­tribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su caracte­rística o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos.

En la nota se resalta que esos tributos municipales son deducibles en la liquida­ción del impuesto a las Ga­nancias y que, por este mo­tivo, se disminuye la masa coparticipable, lo que genera un claro perjuicio al Estado Nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales en sus recursos coparticipa­bles, sin que exista justifica­ción alguna.

INTIMACIÓN A LA DPEC

Este nuevo capitulo para reducir la presión fiscal cons­tituye una vuelta de tuerca a la decisión del Gobierno cen­tral de impedir que empresas de servicios públicos y mu­nicipios actúen en convenio para meter la mano en el bolsillo de los usuarios/con­tribuyentes. En noviembre del año pasado, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía im­putó a 95 empresas de distin­tos puntos del país por haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el con­sumidor. Se abrieron así 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empre­sas incumplieron la norma.

En esa parva de imputacio­nes cayó la Dirección Provin­cial de Energía de Corrientes (Dpec) que incluye en su factura una tasa municipal. Tema de vieja discusión en la provincia de Corrientes y en particular en la Capital. 

Las actuaciones de la Se­cretaría de Comercio co­menzaron con posterioridad al vencimiento de las fac­turas con fecha 11 de octu­bre, cuando entró en vigen­cia la Resolución nacional 267/2024, que determinó la prohibición de incluir en las facturas conceptos indebi­dos. 

La mencionada norma es­tablece que ya no se pueden incluir tasas como alumbra­do, barrido y vigilancia en las facturas de proveedores de servicios públicos. "La infor­mación relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, con­forme las denomina el Artí­culo 3º de la Ley Nº 24240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y sumi­nistrado por el proveedor", indica la resolución. Y aclara que "el incumplimiento será pasible de ser sancionado conforme al régimen de pe­nalidades previsto" por la ley.

Se imputaron empresas de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Cór­doba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

En Corrientes la empresa bajo la lupa es la Dirección de Energía, que además de facturar (a un alto costo) la provisión del servicio de luz, también incluye el cobro del alumbrado público. Esa irre­gularidad todavía sigue vi­gente, según las boletas que se distribuyeron en diciem­bre pasado.s