Denuncian nueva suba de la litigiosidad laboral en 2024

 El año pasado fue escena­rio de una altísima litigiosi­dad en las empresas argen­tinas y se alcanzó un total de 125.842 nuevos juicios laborales, 6,8% más que en 2023, únicamente por Ries­gos del Trabajo. Sólo en di­ciembre, se iniciaron 8.910 demandas en el país. 

Desde la Unión de Ase­guradoras de Riesgos del Trabajo (UART), advierten que los porcentajes de si­niestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judi­cialidad son hasta 20 veces superiores, descolocando así cualquier esfuerzo pro­ductivo y competitivo. 

Y agregan que "la cifra da idea clara del tamaño de la problemática y del desa­fío a resolver", que no sólo impacta implacable sobre el sector, sino que "estos niveles de litigiosidad per­judican a toda la estructura productiva: a los empleado­res afectando sus decisio­nes de inversión y empleo". 

Así, indican que este es­cenario baja las chances a los trabajadores "de con­seguir empleo y empleo de calidad y a las ART, soca­vando la solvencia del sis­tema". 

En 2023, las demandas iniciadas por esta causa sumaron 117.348. Y, si bien desde UART y muchas otras instituciones empresariales y profesionales abocadas a la temática del empleo, se alertó acerca de esta distor­sión, 2024 adicionó 6,8%, lo que sumó casi 8.500 de­mandas nuevas. 

RANKING DE LITIGIOSIDAD 

En orden de participa­ción, la provincia de Buenos Aires es la más litigiosa, con un total anual de 50.584 juicios (en diciembre, sumó 3.584 nuevas demandas). Su crecimiento respecto del año precedente fue de 4,5%. Le sigue la Caba, con 22.946 litigios en el año. Y el tercer lugar lo ocupa Santa Fe, con 16.439 (1.137 sólo en diciem­bre) y un incremento anual explosivo de 21,5%. En el cuarto puesto está Córdoba con 10.424 anuales (650 se sumaron en el último mes) y un aumento inte­ranual de 4,2%. La que si­gue en el podio de las cin­co grandes es Mendoza, con 9.857 totales (661 en diciembre), y un aumento del 18%. 

UNA DEUDA DE LA JUSTICIA 

Según el análisis de UART, estos números, que no se justifican teniendo un sis­tema administrativo propio, ágil y de rápida solución para dirimir controversias, con acuerdo a la ley que re­gula la actividad, sin cargo alguno para el trabajador, se explica en buena parte por la demora de la Justicia de cada provincia adherida a la Ley 27348 y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la Caba, en crear los Cuerpos Médi­cos Forenses en ellas. 

Se suma, además, el agra­vante de las tasas de interés aplicadas en la actualiza­ción de los créditos labo­rales, muy por encima del rendimiento de las inversio­nes y el incumplimiento del plazo de caducidad estipu­lado en la ley para presentar demanda judicial, luego de haber recibido el dictamen de las Comisiones Médicas del Sistema.