Peajes, un sistema que fracasó

Las audiencias públicas para recolectar información y opiniones referidas al proyecto de concesión de rutas nacionales en la Mesopotamia se harán en la provincia de Entre Ríos a fines de febrero, la primera de ellas en la ciudad de Gualeguaychú el día martes 25, y luego en la ciudad de Victoria el día jueves 27. Hasta donde se sabe estas dos fechas serán las únicas disponibles para que los interesados hagan sus aportes (que no son vinculantes) al proceso de licitación que anunció el Gobierno nacional como respuesta a los reclamos por el grave deterioro que tienen las rutas de la región, cuyo mantenimiento es nulo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

Si bien el abandono de la infraestructura vial comenzó con la administración de los Fernández (Alberto y Cristina), se acentuó luego con el libertario Milei y en parte es el factor desencadenante del aumento de la siniestralidad en la Ruta Nacional 12 y la Ruta Nacional 14. Se trata de dos corredores claves para la integración de los países del Mercosur.

Ambas rutas atraviesan las tres provincias de la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Ahora bien, según el esquema que fijó la Casa Rosada, correntinos y misioneros tendrán que movilizarse hasta el sur de Entre Ríos para poder participar de las audiencias públicas por la licitación. En Gualeguaychú se abordará la situación del "Tramo Oriental" que comprende 677 kilómetros del Corredor Vial Nº 18. Dos días más tarde hablarán sobre los 8.470 kilómetros adicionales gestionados por Corredores Viales SA.

El Gobierno ha pensado en una concesión por peaje que contempla construcción, mantenimiento y ampliación de tramos estratégicos. Y durante las audiencias, los licitantes podrán expresar opiniones, presentar propuestas y discutir documentos relacionados. Aunque estas intervenciones no son vinculantes, la Dirección Nacional de Vialidad deberá fundamentar cualquier desestimación. Tras las audiencias, Vialidad elaborará un informe final dentro de los 10 días posteriores, y el proyecto será aprobado o modificado en un plazo de 30 días.

El proceso de licitación se extenderá por lo menos seis meses, es decir que en el mejor de los casos para julio o agosto se podrían abrir las ofertas; luego sigue la etapa de evaluación, determinación y firma de contratos si se aprobara algún oferente. Esto supone que hasta el último trimestre de 2025 las rutas en cuestión no pasarán a manos privadas. Es decir no habrá mantenimiento ni mejoras.

¿Mientras tanto quién se ocupa de las rutas? Una empresa estatal -invento de la última etapa del kirchnerismo, que Milei no desactivó- se encarga de cobrar peaje, pero no hace nada para evitar el deterioro y la siniestralidad.

Según David Moulin, jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional, durante el proceso licitatorio Vialidad se hará cargo del mantenimiento, para que la empresa que sea elegida en la licitación realice los trabajos en los siguientes 12 meses. Una vez finalizado, podrá incrementar el valor del peaje para recuperar la inversión.

Es de esperar que se cumpla el diagrama esbozado por Moulin, pero hay suficientes razones para dudar.

Ni los que cobran peaje actualmente ni Vialidad Nacional se han ocupado de las rutas. La gestión Milei se apoya en el slogan "no hay plata". El ideario libertario es que el Estado no tiene que hacer obras, esa es una tarea para los privados. ¿Por qué cambiaría de aquí en adelante? Salvo que quieran hacer las obras para dejárselas al futuro concesionario.

¿El próximo concesionario primero hará obras y después aumentará el valor del peaje? Resulta difícil de creer que ese será el orden de acción. El sistema de concesión de rutas se instaló con Menem, hace más de 30 años, y el resultado fue exactamente al revés. La evidencia está a la vista.

¿El próximo concesionario primero hará obras y después aumentará el valor del peaje? Resulta difícil de creer que ese será el orden de acción.