Segundo Puente, ¿y ahora qué pasó?

Por Marcelo Falcione

N. de la R. Unos diez días antes del cierre del año 2024, el autor remitió el artículo que a continuación se publica con evidente demora, pero que sin embargo conserva plena actualidad. Con el reconocimiento de la falta de puntualidad por parte de este diario, producto de la vorágine en la que cae la actividad periodística durante el cambio de calendario, la aparición tardía de la nota no deja de ser una paradoja que refleja en buena medida el destino esquivo del proyecto del Segundo Puente. Dos meses después, aquello que podría ser noticia vieja, es todavía un dato fresco. Lamentablemente, como dice el autor, es una mala noticia, vieja, que no ha sido enmendada por las autoridades que corresponden, por el contrario, el cuadro de situación no ha variado. Por eso el artículo que hoy se entrega a los lectores de NORTE de Corrientes conserva una rigurosa vigencia.

El proyecto del Segundo Puente ha tropezado con nuevos obstáculos, que se suman a una larga lista de inconvenientes que viene tratando de sortear hace más de dos décadas. De acuerdo a las últimas novedades que NORTE de Corrientes se ocupó de reflejar en sus páginas, la iniciativa del nuevo puente Chaco-Corrientes enfrenta otro empantanamiento.

Son dos las cuestiones que surgieron a la luz:

I) Que el proyecto de obra para el 2º Puente se encuentra en revisión luego de efectuarse las pertinentes audiencias públicas; y a la espera del otorgamiento de la licencia ambiental por parte del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente de Ctes. (Icaa), para poder avanzar con la aprobación del proyecto ejecutivo. La fuente de esta información fue la Secretaría de Transporte de la Nación, a través de la Secretaría de Obras Públicas.

II) Que en noviembre de 2023, las autoridades daban por aprobado el financiamiento del proyecto (77%) por parte del Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, que la fuente de financiamiento del proyecto es de un 70% de origen internacional (Proyectos de Inversión (CCLIP) Nº AR-00024 y contrato de préstamo BID Nº 5814/ OC-AR. El resto se financiará con fondos del Tesoro Nacional. De acuerdo a las últimas informaciones recibidas, el costo "solamente del puente", ronda los 800/1.000 millones de dólares.

Pues bien, luego de la noticia en cuestión nada más se pudo saber.

En el Gobierno provincial, sus distintos ministerios interesados no emitieron explicación o descargo sobre el particular, algo muy grave por cierto. El ingeniero Mario Salvia, administrador general del Instituto del Agua y del Ambiente (Icaa), en el programa "Las provincias también existen", de Horacio Gutnisky, intentó una aclaración diciendo que en realidad es la Dirección Nacional de Vialidad quien se encuentra en falta, no remitiendo los informes necesarios para realizar la audiencia pública que posteriormente -conforme a resultados- permita expedir al Icaa el otorgamiento de la licencia ambiental que posibilite avanzar con la aprobación del proyecto ejecutivo. (El programa mencionado se emitió el 10 de diciembre de 2024).

En definitiva, más de lo mismo, cuestiones burocráticas: Provincia que espera información de Nación; Nación que no recibe documentación de Provincia, etc.

En concreto, falta de gestión, y pareciera de interés, por parte de ambas jurisdicciones (Provincia y Nación), para la concreción de una Megaobra que importa a ambas, y por qué no a la Región. De no ser así, se esperan fundadas y documentadas explicaciones sobre el particular. Mientras tanto, los tiempos corren, la información da cuenta, que el crédito estipulado (antes aludido) se encuentra vigente con una prórroga requerida por el Ministerio de Economía al BID hasta el 23 de enero de 2025.

No se sabe de los requisitos, requerimientos, condiciones, que deberían estar cumplidos al 23/01/2025 (a la vuelta de la esquina), para que finalmente tal crédito se pueda usar a los efectos que fuera concebido. Y, si finalmente el crédito se cayera, porque el Proyecto Ejecutivo no se aprobó, porque Corrientes (Icaa) no remitió la Licencia Ambiental, porque la Nación no remitió, cierta información, etc., y las partes evidentemente no tienen una debida y permanente comunicación, a pesar de que la tecnología aporta importantes elementos que permitan un diálogo activo, fluido y permanente. Sería la gran pregunta, y el momento de atribuir responsabilidades.

A fines de enero pasado se conoció que el gobernador Gustavo Valdés había firmado el Decreto Nº26 del 20 de enero 2025 a través del cual aprobó la Resolución 001/2025 del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) que "difiere" por el término de doce meses -es decir hasta el 2026- la realización de audiencia pública ambiental en la zona de influencia del proyecto, específicamente en el Barrio Esperanza.

Por otra parte en el Artículo 1 de la Resolución 001/2025, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente determinó: "Formular la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en carácter de excepción...".

El cuadro es ciertamente confuso, producto de la carencia de información oficial. Lo único concreto es que las decisiones que se tomaron reportan a aquella advertencia que hizo en noviembre el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, durante su informe en la Cámara de Senadores de la Nación; fue entonces que explicó que el mencionado organismo provincial -el Icaa- demoraba el otorgamiento de la licencia ambiental y con esto impedía el avance de la aprobación del Plan de Gestión Ambiental (PGA).

Así las cosas, la pregunta que se actualiza a cada paso es: ¿el proyecto está en curso o sigue frenado por la falta de documentación pertinente?

Corresponde refrescar sintéticamente la historia, el anhelo del Segundo Puente Chaco-Corrientes, a la fecha cuenta aproximadamente con casi treinta años de gestión (1995 / 2025). En dos oportunidades estuvo a punto de licitarse: 1) En diciembre/2001, lo frustró la crisis económica financiera del país. 2) A mediados del año 2008, la crisis por la disputa con el campo.

Luego y por acuerdos político/institucionales se decidió avanzar en un nuevo proyecto con algunas variantes técnicas: cuatro manos y sin la componente ferroviaria. Todo esto para facilitar un nuevo proyecto ejecutivo, que prácticamente fue una copia del anterior. Corría el año 2012.

Negligencia, impericia, desinterés fueron el denominador común para llegar a esta situación de demora, atraso, y hasta el riesgo de no ejecución de tan importante obra. El dedicarse a la función pública, obliga a una constante, perseverante y hasta insistente actividad en procura de los objetivos. Pareciera que en el caso en consideración no fue así. sE