Encriptados en el escándalo

El presidente Javier Gerardo Milei está envuelto en un escándalo mayúsculo. Propició la con­creción de una operación financiera fraudu­lenta, de volumen millonario que afectó a un número todavía impreciso de personas en la Argentina y en países vecinos que confiaron en su consejo e in­virtieron dinero en una operación que terminó en que­branto. El desarrollo del episodio tiene todas las carac­terísticas de una estafa piramidal, en este caso a través de criptomonedas. No hay precedentes de algo igual en estas latitudes y de hecho la legislación tiene vacíos que impiden sacar conclusiones sobre si la conducta del Jefe de Estado es reprochable judicialmente. Lo que sí está claro es que su aventura tendrá un costo político, alto. Ya comenzó a pagarlo.

El silencio en el que se hundió el mandatario, su entorno y casi todos los inquilinos y adherentes de la Casa Rosada, es la primera señal del impacto que tiene el al­bur para la imagen de Milei, pero sobre todo para su aura mediática y especialmente para el modelo libertario que viene a promover como opción de cambio a tantos fracasos que hilvanó el país en las últimas décadas. 

El esfuerzo oficial de ayer por conseguir voces auto­rizadas, en el ámbito del Derecho, para que argumen­ten sobre la presunta "inocencia" del Presidente en este entramado de fantasía, codicia y trampa, no alcanzó para desactivar los cuestionamientos que se formulan desde la política y también desde el mundillo de las criptomonedas, un sector que marcha con viento en contra por el desconocimiento y las dudas de la socie­dad. Puede que Milei no tenga responsabilidad en el acto fraude que se perpetró, pero sin dudas le colgó un ancla pesadísimo al sistema de las finanzas digitales. 

Sucede que no es la primera vez que el ahora man­datario nacional se ve envuelto en un tropiezo de este tipo, ya en 2021 cuando era diputado nacional fue de­nunciado por promocionar una empresa de asesora­miento financiero que era trucha. A los pocos meses de hacer publicidad por la firma, las autoridades del área competente hicieron cerrar esas oficinas y la Justicia ordenó allanamientos. La causa, que salpica a Milei, duerme en uno de los cajones del escritorio del juez Ariel Lijo, candidato de Milei a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia.

Es posible que sea pura coincidencia, pero qué curio­so es el destino en la Argentina. 

También puede ser una simple coincidencia que el Presidente haya querido hacer un aporte a una empre­sa que comercializaba una criptomoneda y no sabía que era trucha, pero sin dudas tiene que dar explica­ciones. Tiene que fundamentar su participación contando los de­talles ya sea ante el Congreso, en esfera judicial o bien en discurso a la sociedad. 

Es muy grave lo que sucedió. Mi­lei tiene que explicar al país lo que hizo y por qué lo hizo.

No son pocos en la cuerda po­lítica los que aseguran que el Jefe de Estado violentó la Ley de Ética Publica. Se trata de la Ley 25188, que establece los "deberes, pro­hibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías".

Justamente las críticas de los dirigentes de la oposi­ción, que reclaman también un juicio político, apuntan al artículo 2 de esa norma sancionada en 1999. Se trata de un extenso artículo que establece nueve preceptos a cumplir, algunos de ellos encajan directamente en el caso. 

Por ejemplo, exige "fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información" (...). "Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus fun­ciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados".