Alberto Fernández, procesado por violencia de género

El juez federal Julián Erco­lini procesó al ex presidente Alberto Fernández por le­siones leves y graves contra la ex primera dama Fabiola Yáñez, y lo embargó por diez millones de pesos.

Así lo dispuso el magistra­do según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máxi­mo de 18 años de prisión en caso de una eventual con­dena.

En la resolución el ma­gistrado sostiene que Fer­nández habría "ejercido con habitualidad y de modo continuo violencia psicoló­gica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostiga­mientos, controles, indife­rencia, insultos, culpabili­zación, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hosti­lidad". 

El vínculo entre Fernán­dez y Yáñez "también ha­bría estado marcado por episodios de violencia en el cuerpo de la víctima, en las oportunidades en que aque­lla pretendía abandonar la convivencia del departa­mento que compartían, sito en la calle Juana Manso 740 de esta ciudad", asegura en referencia al domicilio del ex mandatario en Puerto Madero. 

Asimismo, consigna que "tras ser electo para ejercer el cargo de presidente de la Nación, la violencia física habría continuado y es­calado, más precisamente después de haber quedado aquella embarazada (hacia fines de julio-principios de agosto de 2021), en forma de agarrones del cuello, za­marreos, cachetazos a mano abierta y golpes que provo­caron lesiones en el cuerpo de la nombrada, mientras convivieron en la quinta de Olivos". 

"En efecto, se le imputa el haberle causado en, al me­nos dos ocasiones, lesiones a su -por ese entonces- pa­reja Fabiola Andrea Yáñez, a quien habría agredido fí­sicamente en el brazo y ojo derecho", añade. 

También señaló que "has­ta el final del mandato pre­sidencial del imputado se habría hecho recurrente la violencia psicológica y físi­ca, fundamentalmente en la modalidad del golpe a mano abierta, incluso luego de la mudanza de la denunciante del chalet principal a la casa de huéspedes de la quinta de Olivos durante el año 2023, hasta que se mudó a la ciu­dad de Madrid, del reino de España, destino que fuera elegido por Fernández para que ella residiera junto con el hijo menor de ambos". 

Además, "también des­de que la víctima residió en dicho país hasta el 6 de agosto de 2024 habría sido condicionada económi­camente por el encartado, como medio para manipular y continuar ejerciendo po­der y control sobre aquella; al tiempo que, en medio de anuncios de suicidio, recor­datorios de las necesidades del hijo que tienen en co­mún, pedidos de ocultar las agresiones físicas sufridas, Fabiola Yáñez habría sido coaccionada por Alberto Fernández para no instar la acción, lo que en principio habría provocado su archi­vo". 

El caso que sorprendió el año pasado

En el escrito de la deci­sión judicial, el juez remar­ca que, "precisamente el 28 de junio de 2024 por la ma­drugada -hora de Madrid-, Alberto Fernández en for­ma directa y a través de ter­ceras personas le habría re­querido en forma insistente y agresiva que no hiciera la denuncia, y la habría instado a publicar un co­municado conjunto, con la promesa de que en el futuro no les faltaría nada ni a ella ni a su hijo, para luego refe­rirle que de declarar la iba a arruinar y a hacer cualquier cosa en su contra". 

"Finalmente, luego de cuanto menos ocho años de agresiones psicológicas y físicas infligidas a Fabio­la Andrea Yáñez por el im­putado, en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja, ha­brían dejado en la víctima secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilita­miento permanente de su salud", sostuvo el juez.

La abogada de Fernán­dez, Silvina Carreira, inten­tó -ya sin éxito- apartar al magistrado del caso en base a un presunto "temor de parcialidad".

El juez le atribuyó a Fer­nández hechos cometidos en un "contexto de vio­lencia de género", signado por la particular relación asimétrica de poder con Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto de 2024.

Yáñez declaró por vi­deoconferencia desde Ma­drid, España, donde vive con Francisco, el hijo de ambos.

"El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el ini­cio de su relación. 

De acuerdo a las defi­niciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica", consignó la fiscalía.

La noticia, conocida este lunes, pone en la consi­deración pública la situa­ción del ex presidente, que aguardaba noticias favora­bles en virtud de las accio­nes interpuestas en las últi­mas semanas.