Otro atajo de Milei

Está claro que el presidente Javier Gerardo Milei reniega del sistema republicano de gobierno, a él y a su séquito les encanta tomar decisiones tajantes sin andar pidiendo permiso y mucho menos sin medir las consecuencias. Hay bastante para analizar sobre la conducta del mandatario, pero lo llamativo es que buena parte de la opinión pública convalide sin una mueca de rezongo ni un atisbo de disconformidad las tropelías que se cometen desde el Poder Ejecutivo lesionando el ordenamiento institucional. ¿Es complacencia, que se puede interpretar como indulgencia en función de alcanzar un objetivo necesario, o es indiferencia? Quizás sea un poco de todo, pero es importante asumir que no hay Nación posible sin respeto a la Constitución.

La administración libertaria se ha revelado como un equipo especializado en aprovechar al máximo los resquicios legales, manipularlos a placer, retorcerlos y acomodarlos en beneficio de un propósito, que bien puede ser aplaudible, pero que necesariamente requiere de legitimidad activa en mérito de una calidad institucional que aleje a la Argentina del pantano del descrédito y la convierta en suelo firme y seguro.

En esta columna se ha repasado en más de una ocasión la importancia de la seguridad jurídica, que no siempre está atada a la performance del Poder Judicial. Todos aquellos que tienen responsabilidad en la cosa pública deben velar por la seguridad jurídica, el Presidente está primero en esa lista.

Pues bien, Milei se empeña en derribar toda garantía, asaltando la República por vía del decreto. Hay bastantes ejemplos para revisar en lo que va de su mandato, pero el último y más fresco tiene que ver con el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. El hombre pasó de prometer que "en los próximos días" le pediría al Congreso "que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el FMI" a anunciar que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se autorizaría a sí mismo a avanzar en las negociaciones. Lo llamativo fue que el propio Presidente, días antes en un reportaje de uno de sus periodistas amigables, había dicho que respetaría las reglas del juego. Esto es: que cumpliría con la ley sancionada en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, que establece que todo acuerdo con el Fondo debe ser aprobado expresamente por el Congreso.

Horas antes del anuncio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había dicho por radio: "La posibilidad de que la aprobación del acuerdo con el FMI sea por decreto no es real".

¿Son farsantes o manipuladores? Cualquier calificación no parecería un error.

Como fuere, hay un hecho que es insoslayable, Milei utiliza un resquicio disponible para colar su pretensión. ¿Está cometiendo una transgresión? No y sí. La ambigüedad le permite camuflar la patraña.

Sucede que en rigor, todo Decreto de Necesidad y Urgencia tiene fuerza de ley hasta que sea rechazado por ambas Cámaras del Congreso. A esto hay que sumarle que, indefectiblemente, todo DNU recala en el Parlamento. No es una decisión de Milei, sino que forma parte del procedimiento. Más que pedir el "permiso" del Congreso, lo que hace Milei al utilizar el DNU es apostar a que el Poder Legislativo no le rechace su acuerdo.

Los DNU constituyen una herramienta que tiene el Ejecutivo para legislar ante situaciones de excepcionalidad (guerra, pandemia, cataclismos) y como tal, se prevé que a posteriori sea el Congreso el que avale o no su contenido. O que directamente no se pronuncie. Es decir, Milei optó por un procedimiento que resulta inverso al del envío de un proyecto de ley y, para colmo, más sencillo que el que debe atravesar cualquier iniciativa si sigue el camino habitual.

Tomó un atajo, porque está claro que al sujeto no le gusta ni le interesa la República.

El Presidente se empeña en derribar toda garantía, asaltando la República por vía del decreto. Hay bastantes ejemplos para revisar en lo que va de su mandato.