Bahía Blanca y un debate ineludible
La reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca que habrá que encarar más temprano que tarde luego de la catástrofe climática que sufrió y de la que apenas están comenzando a reponerse los bahienses, reinstaló un debate público que había quedado adormecido sobre la significancia de la presencia del Estado (en cualquiera de sus niveles) como sostén de la vida en comunidad. Desde la llegada de Javier Milei al poder y la aplicación de sus ideas de anarquismo liberal (profusamente amplificadas por comunicadores presuntamente no "ensobrados") derribó el concepto del Estado como garantía de protección institucional en todos los planos que requiera un ciudadano o un conjunto de ciudadanos. La estrafalaria teoría del mercado como relevo del Estado en su rol ordenador de la sociedad, terminó sumergida por la realidad. La tragedia que todavía envuelve a Bahía Blanca es la cara impiadosa de la realidad, allí se ahogaron mucho más que 16 personas (las víctimas que hasta hoy se conocen), allí sucumbió el fariseísmo ideológico de cancelar lo público para encumbrar al sector privado.
¿Quién está socorriendo a Bahía Blanca? No ha sido el "mercado" precisamente el que corrió en auxilio de los bahienses. No, es el Estado, aun con todas sus limitaciones el que se encuentra al lado de los desvalidos tratando de ofrecer servicios. Incluso el Estado nacional, esa especie de fuerza mutante, que encabeza Javier Milei está en el lugar del hecho intentando contribuir a la recuperación, o haciendo que aporta algo para salir adelante.
Por ahora es tiempo de urgencia, pero pronto se iniciará la etapa de la refundación de una ciudad que ha quedado devastada y entonces vuelve a tener relevancia la discusión sobre la obra pública, la edificación o sostenimiento de infraestructura que le dé seguridad a una población, le brinde servicios y asegure el desarrollo económico.
Lo sucedido en Bahía acelera un debate sobre la necesidad de concretar proyectos de obra pública que permita prevenir o amortiguar los efectos de las catástrofes naturales, como así también para reducir los costos de producir en el país. Por ejemplo, las rutas en condiciones no son un gasto sino una inversión que dinamiza la actividad productiva y comercial de la región a la que beneficia.
Un informe de la Fundación Mediterránea señala que la Argentina es deficiente en inversión. La entidad con sede en Córdoba sostiene que en el caso de la inversión pública, al resultar una de las partidas más afectadas por los recortes (de la motosierra libertaria), bajó hasta 1,3% del PBI en 2024, luego de ubicarse en 2,6% en 2022 y 2023. "En el año de la pandemia (2020) había caído a 1,8% del PBI, y en promedio resultó 2,4% del PBI entre 2015 y 2024. La mayor caída en 2024 se observó en la inversión pública nacional (de 0,8% a 0,3% del PBI), mientras que la provincial se redujo de 1,4% a 0,8%, explicada casi totalmente por las menores transferencias de capital de la Nación a Provincias", señala el trabajo.
El reporte además detalla que "las transferencias de capital de provincias a municipios pasaron de 0,3% a 0,2% del PBI entre 2023 y 2024".
"Para impulsar la competitividad y lograr un crecimiento económico sostenido, se necesita incrementar significativamente la tasa de inversión, tanto privada como pública, hasta alcanzar un 25% del PBI en los próximos años", advierte la Fundación en su informe. Y en esa línea agrega que "Argentina debe mejorar la calidad de su infraestructura, dado que en 2024 se ubicaba en el puesto 56 en el Ranking de Infraestructura que integra el Índice de Competitividad Mundial que provee el International Institute for Management Development (IMD), por detrás de países latinoamericanos como Chile y Colombia, aunque por delante de Brasil, México y Perú".
Por ahora es tiempo de urgencia, pero pronto se iniciará la etapa de la refundación de una ciudad que ha quedado devastada y entonces vuelve a tener relevancia la discusión sobre la obra pública.