¿Quién piensa en los jubilados?

La frenética jornada del miércoles en el Congreso de la Nación que terminó salpicado por episodios de violencia dentro y fuera del edificio, relegó a un plano lejano, prácticamente imperceptible, el reclamo de los jubilados que atraviesan penurias de todo tipo debido a la conducta vergonzante de la clase política que en lugar de ocuparse de los temas prioritarios (urgentes) se entretiene en batallas inocuas empujadas por su ego y la ambición de poder. Justamente, en el denominado Palacio de las Leyes, que fue epicentro de una sucesión de actos bochornosos, es donde habita buena parte del ecosistema político que tiene responsabilidad directa en la calamidad que se ha convertido el sistema previsional argentino. Ni el gobierno actual ni los anteriores están exentos de la debacle, por el contrario son autores, o en el mejor de los casos: partícipe necesario, de ocasionar el derrumbe. Una catástrofe social de la que nadie se hace cargo. Ni siquiera la Justicia.

El drama que envuelve a los jubilados nacionales afecta a por lo menos 5 millones de personas en todo el país, adultos mayores que sobreviven con una mensualidad de miseria.

Pese a la gravedad del cuadro, nada de todo lo que sucedió en el Parlamento, dentro del palacio y en sus inmediaciones, tiene vinculación con la situación de los jubilados y su legítimo reclamo de mejores salarios, cobertura de salud, medicamentos, etc. Apenas una referencia tangencial a una marcha poblada de barras de fútbol que actuaron como fuerza de choque tras montarse a la manifestación que todos los miércoles hacen en soledad un puñado de viejos. La presencia de los barrabravas, además de militantes de toda laya y encuadre ideológico, despertó la reacción represiva del Estado. La refriega descomunal en las calles tuvo como saldo varios heridos graves y más de un centenar de detenidos que a las pocas horas recuperaron la libertad.

Al mismo tiempo, en el recinto de Diputados, una sesión que no tenía ningún tema referido a los jubilados, terminó a los sopapos entre miembros de La Libertad Avanza. Gran protagonismo del correntino Lisandro Almirón, que se destaca más por los escándalos que por los proyectos que presenta.

Afuera del edificio volaban piedras y respondían con el accionar de carros hidrantes, gases lacrimógenos, balas de goma. Adentro, en el recinto volaban las piñas de los libertarios en medio de un griterío infernal del resto del plenario. En ninguno de los dos escenarios se peleaba por los jubilados. Nadie hablaba del sistema previsional y es probable que manifestantes, policías, diputados y autoridades estuvieran pensando en cualquier cosa, menos en los jubilados.

Ese mismo día, un rato antes de que se desatara el escándalo, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer un informe que alerta que para abril la canasta básica de los jubilados será de $1.200.523 y estará 75,2% por encima de un año atrás. La medición, que incluye el gasto de la vivienda de los adultos mayores, muestra que la jubilación mínima con bono no alcanzó a representar siquiera un tercio del ingreso necesario para afrontar la subsistencia.

"Los nuevos datos ratifican la situación de precariedad y miseria", dijo Eugenio Semino, defensor del pueblo de la Tercera Edad, quien estuvo presente en la marcha que los jubilados hacen al Congreso de la Nación. "La violencia debilita la democracia y a la República", se lamentó y advirtió que "los actores políticos caminan sobre una realidad paralela".

Semino advirtió sobre la necesidad de una reforma previsional y dijo que debe ser entendida como una alerta humanitaria: "Hoy tenemos una gran meseta de miseria, los jubilados eligen comer o comprar medicamentos".

Un rato antes del bochorno en el Congreso de la Nación se dio a conocer que la canasta básica de un jubilado se ubica en 1.200.000 pesos. El dato quedó sepultado por la violencia