Otra vez en la mira

La batahola que se desató en inmediaciones del edificio del Congreso de la Nación, donde las Fuerzas de Seguridad a cargo del Gobierno Na­cional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desplegaron un inusitado operativo de represión, puso nuevamente al país en el foco de las miradas interna­cionales, tal el caso de la ONU, que tomó nota del cua­dro de situación y emitió una recomendación tajante para el Gobierno argentino. Hace un par de semanas el mundo hablaba de la Argentina por el protagonismo del presidente Javier Milei en un caso de estafa a través de un cripto activo. Ese escándalo, que salpica directa­mente al Jefe de Estado, no ha de­cantado totalmente y ya hay otro episodio que pone en incómoda posición a la administración de La Libertad Avanza. Sucede que además de la brutal batalla en las puertas del Parlamento, adentro, en el recinto de la Cámara de Di­putados, representantes del parti­do del Gobierno libraron una riña en plena sesión. 

No obstante, la preocupación de los organismos internacionales apunta a lo que pasó en las calles, con la represión. Por ejemplo, el representante para América del Sur del Alto Comisio­nado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu­manos, le exigió al Gobierno investigar rápidamente lo ocurrido durante la represión a la marcha de jubilados del 12 de marzo pasado, respetar la independencia ju­dicial y le advirtió que "el uso de la fuerza debe respetar los principios internacionales de legalidad". También expresó preocupación por el estado del fotógrafo Pablo Grillo, herido por la Policía.

El organismo criticó duramente el accionar repre­sivo del Gobierno y le advirtió que, incluso si hubiera habido hechos de violencia por parte de los manifes­tantes, esto "no justifica el uso de la fuerza contra to­dos los participantes de una manifestación que ejercen su derecho de reunión pacífica". También mostró su preocupación por el "uso indiscriminado de la fuerza por parte de la autoridad. Muchas manifestantes eran personas de edad avanzada que exigían pacíficamente derechos sociales en materias de jubilación y salud", precisó Jarab en un comunicado oficial.

En particular, expresó su preocupación por el estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo, cuya vida está en pe­ligro tras el impacto en el cráneo de una cápsula lacri­mógena tirada por la Policía. En este sentido, advirtió que "las armas menos letales -como las lacrimógenas- deben usarse adecuadamente según los estándares internacionales. De no ser así, pueden convertirse en letales".

A su vez el organismo interna­cional respaldó indirectamente el accionar de la jueza Karina An­drade, quien liberó a los detenidos durante la protesta "al no hallarse evidencia de que cometieran de­litos". El Gobierno la acusa de ga­rantizar la impunidad y amenazó con pedir un juicio político. "En ese sentido, recordamos la impor­tancia de la independencia judicial en la garantía de los derechos de participación, el control de la le­galidad de las detenciones y de las actuaciones policiales", exigió la Oficina de la ONU.

Es extraño, desde las esferas políticas tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, cuestio­nan la decisión que tomó la jueza Andrade, sin embar­go colegios profesionales convalidan su procedimiento. ¿Qué vale más la opinión política o la consideración técnica?

Al respecto, Andrade que liberó a 114 personas, pre­suntamente apresadas infraganti durante la refriega, justificó su decisión por la poca información que le llegaba sin acreditación del control judicial básico. Describió la situación como caótica y deficitaria en lo informativo por parte de la Policía.

No hay razones para dudar de la jueza, pero corres­ponde una investigación a fondo. s