Recortes en Derechos Humanos
En la denominada política de "batalla cultural", en la que el Gobierno busca dejar atrás los símbolos y efectos políticos del kirchnerismo, ayer se anunció una determinación que generará polémica en un espacio sensible identificado con el progresismo y a lo más rancio del espacio que conduce Cristina Kirchner.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que decidió suspender el giro de fondos que se estaba realizando a organismos de derechos humanos que gastaron "más de $ 3.000 millones de pesos anuales de los contribuyentes, sin ser fiscalizados ni supervisados", informó la agencia Noticias Argentinas.
Al respecto, el funcionario sostuvo en su cuenta de X que su cartera resolvió "iniciar una auditoría y suspender todos los pagos hasta que haya una rendición transparente de cuentas".
Según trascendió, el recorte es sobre el presupuesto destinado a 13 organismos de Derechos Humanos y la administración del predio de la ex Esma.
"Cortamos otra caja millonaria en Derechos Humanos. Los organismos administraban un fondo sin control de $ 3.359.732.866 anuales para mantener el predio de la ex Esma: sólo para cortar el pasto gastaban $ 16.000.000 por mes", expresó el ministro.
La decisión se enmarca en la política de recorte del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei, en medio de la tensión con los organismos de DD.HH., cercanos políticamente al kirchnerismo y partidos de izquierda.
La cartera que dirige Cúneo Libarona disminuyó un 37 por ciento su planta de personal el año pasado, lo que implicó -según el Gobierno- un ahorro mensual de 820 millones de pesos.
A principios de enero, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió que el gobierno de Javier Milei buscaba "cerrar la ex Esma", luego de que se produjeran despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria que funcionan allí.
"Es terrible lo que está pasando, habría que denunciarlo, estamos en eso los organismos de Derechos Humanos. Están despidiendo gente, quieren cerrar la ex Esma", se quejó Carlotto en aquella oportunidad.
En esos días, además, el gremio de ATE denunció que empleados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estaban recibiendo telegramas de despidos.
En este marco, el Gobierno retomó la ejecución de la denominada Motosierra, símbolo del recorte del gasto público con el que el presidente Javier Milei llegó al poder. Y fue así que bajo la promesa de eliminar espacios que, a su entender, no tenían injerencia en la acción desde el Estado avanzó con un importante esquema de recortes en casi todas las dependencias públicas.
Ahora, y mediante la comunicación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se avanza contra un espacio que resulta emblemático para el kirchnerismo, y que sustentó los efectos de sus políticas a lo largo de sus cuatro administraciones, la de Néstor Kirchner, las dos de Cristina Fernández y la última de Alberto Fernández.
Incluso durante la gestión de Mauricio Macri no se hizo nada para recortar esos fondos, que ahora son explicitados y denunciados respecto a la utilización de ese dinero público.
Esta cuestión amerita una observación clara: los gastos excesivos imponen una crítica, una denuncia, más allá de quién sea el destinatario. Y aquí, lamentablemente, los fondos públicos fueron dilapidados en beneficio de un sector bajo el amparo de una reivindicación, que debería correr por otro carril.
"Cortamos otra caja millonaria en Derechos Humanos. Los organismos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de la ex Esma".