Ministro de Seguridad desestimó la sustracción de armas del acervo policial

En el marco de la investigación judicial en curso relacionada con la presunta irregularidad en la adquisición y tenencia de armamento, el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, aseguró que el armamento en cuestión no corresponde al patrimonio de la fuerza policial y no han logrado disipar la preocupación de la opinión pública por el abierto debate sobre los mecanismos de control y la transparencia dentro de la institución de seguridad pública provincial.
Las palabras del ministro Vallejos fueron categóricas al intentar delimitar el alcance del escándalo: "Me parece muy importante aclarar que no estamos hablando de armas que pertenecen a la Policía. Estamos hablando del mecanismo por el cual los particulares pueden adquirir armamentos". Con esta afirmación, el titular de la cartera de Seguridad buscó enfatizar que la investigación se centra en la forma en que ciertos individuos, presumiblemente vinculados o no a la fuerza, accedieron a armamento a través de los canales habilitados para particulares, y no en la sustracción o el desvío de armas reglamentarias pertenecientes al Estado provincial.
Sin embargo, la propia existencia de una investigación judicial, impulsada por la información proporcionada por el propio Ministerio de Seguridad, sugiere que se han detectado irregularidades significativas en este proceso de adquisición. La pregunta que surge inevitablemente es cómo este armamento, adquirido por particulares, podría estar vinculado a miembros de la fuerza policial, y qué fines tendría esta posesión, generando la necesidad de una intervención judicial.
Sobre el rol del ministerio en el incipiente proceso investigativo, Vallejos fue claro al señalar que la responsabilidad de determinar las responsabilidades recae ahora en la Justicia: "A partir de la investigación y de los elementos recaudados, será la Justicia quien deberá determinar las responsabilidades. Nosotros pusimos en conocimiento de la Justicia la información, testimonios y documentación que surgieron". Esta postura institucional busca desligar al Poder Ejecutivo de las conclusiones finales de la investigación, pero al mismo tiempo reconoce la obligación del Ministerio de Seguridad de actuar ante la detección de posibles ilícitos dentro o relacionados con la fuerza policial.
La derivación del caso a la Unidad Fiscal de Investigación y Seguimiento de Causas (Ufrac) de Paso de los Libres subraya la seriedad con la que se está abordando la investigación. La Ufrac, especializada en el seguimiento de causas complejas, tendrá la tarea de desentrañar la trama detrás de esta presunta irregularidad, identificar a los responsables y determinar si se han cometido delitos. La investigación, según trascendió, se encuentra en una etapa inicial y no se descartan nuevas medidas procesales a medida que se avance en la recolección de pruebas y testimonios.
Uno de los aspectos más sensibles de este escándalo es la posible implicación de agentes de la Policía en una asociación delictiva relacionada con el armamento irregular.