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Viernes de impactos y promesas

Con estos datos estadísticos, el Gobierno apura medidas y avanza con acuerdos de modo de estabilizar y seguir con la política que representa (hasta ahora) su mayor capital político: el combate a la inflación.

Día de contrastes en lo económico, al menos desde la óptica de la ciudadanía, que ayer recibió varias noticias de alto impacto.
La primera de ellas fue el Índice de Precios al Consumidor y la inflación de marzo, que trepó a un sorpresivo 3,7%. Quedó lejos del esperado 2,5%, advertido por las consultoras privadas y que ya representaba un valor por arriba del de febrero y lejos del objetivo impuesto por la administración de Javier Milei para la mitad del año, de un número que tenga un uno en el inicio del registro.
El otro dato, y que siempre viene acompañando a la inflación, es el registro de la pobreza. Una familia tipo necesitó $1.100.267 para no ser considerada pobre en el Gran Buenos Aires, de acuerdo con el estudio de valorización mensual de canastas difundido por el Indec, y que ayer reportó la agencia Noticias Argentinas. Ese fue el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye tanto alimentos como otros bienes y servicios esenciales como transporte, salud, educación y vestimenta.
La variación mensual de esta canasta fue del 4% respecto de febrero. En lo que va del año, acumula un aumento del 7,4%, mientras que la variación interanual alcanzó el 42,3%.
Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que define el umbral de la indigencia y contempla únicamente los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos- se ubicó en $495.616 para ese mismo hogar. Esta canasta tuvo una suba mensual del 5,9%, acumula un 10,3% en el año y muestra un incremento interanual del 38,4%.
Estas canastas se calculan a partir del consumo de un adulto equivalente, cuya línea de pobreza en marzo fue de $356.073, y la de indigencia de $160.393.
Los datos reflejan el impacto del aumento del costo de vida sobre los hogares y son clave para monitorear la evolución de la pobreza y la indigencia en el país.
Con estos datos estadísticos, el Gobierno apura medidas y avanza con acuerdos, de modo de estabilizar y seguir con la política que representa (hasta ahora) su mayor capital político: el combate a la inflación.
Y en ese marco, aprovechó la jornada de impacto negativo con el índice inflacionario para anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, lo que resulta de mayor impacto, el inicio de la salida del cepo cambiario impuesto por Cristina Fernández de Kirchner en 2011.
Esta medida, considerada clave desde el punto de vista del impacto político, fue anunciada en campaña, pero las cuestiones técnicas llevaron al retraso en su implementación. Es más, fue motivo durante varios meses de controversias y disputas entre el oficialismo y la oposición. El Presidente, en uso de su capital político, había señalado que este año ocurriría lo que ayer se anunció. Sin embargo, no se esperaba que fuera ayer, sino más bien en una fecha cercana a las elecciones para que su impacto sea aún mayor en el electorado que, en su mayoría, desconoce los alcances desde lo fino pero que entiende que se trata de una acción favorable para su bienestar económico.
Así las cosas desde el Gobierno, en franca conducta de redoblar la apuesta ante las adversidades y siempre atento a los acontecimientos internacionales para generar acciones de este tipo. En medio de ello, la inflación que frena y reduce el poder adquisitivo de los ingresos, en un debate interno del consumidor respecto a si todo lo ocurrido ayer redundará en su beneficio en el corto plazo. s