Con 10% de superpoblación penal, se debate desfederalizar el narcomenudeo
La iniciativa busca transferir delitos de microtráfico y consumo al fuero provincial. con el nuevo código aumentó un 30% la población presa.
La provincia de Corrientes se encuentra inmersa en un debate crucial sobre la posible adhesión al régimen de desfederalización del narcomenudeo. La iniciativa legislativa (que hace una década atrás ya fue tratada pero no consiguió consenso legislativo) busca transferir la competencia para juzgar los delitos de microtráfico de drogas desde la órbita de la Justicia federal hacia la Justicia provincial. La discusión ha cobrado relevancia en un contexto de creciente preocupación por la saturación tanto del fuero federal como del provincial, ambos desbordados por la cantidad de causas y expedientes.
La implementación en Corrientes, desde 2022, de un Código Procesal Penal Adversarial, ha evidenciado un aumento significativo en las condenas por juicio abreviado, lo que a su vez ha impactado en la capacidad del sistema penitenciario provincial, especialmente en la nueva unidad inaugurada en 2021 tras un trágico suceso en la antigua cárcel que pasó de 593 a 770 hombres encerrados con condena firme entre ese año y 2023 -último dato disponible del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena (Sneep)-: un aumento de casi 30%.
El senador provincial Diógenes González confirmó a este medio que el proyecto de ley para que Corrientes adhiera al régimen de narcomenudeo se encuentra en un avanzado estado de tratamiento dentro del Senado provincial. El legislador aseguró que se están acelerando los tiempos legislativos en respuesta a un pedido expreso del Gobierno ante el avance del microtráfico y la necesidad de dotar a la provincia de herramientas más eficientes para combatirlo.
El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es que Corrientes se adhiera a una ley nacional vigente desde hace más de una década, que permite a las provincias asumir jurisdicción en la persecución y juzgamiento de los delitos relacionados con la venta y distribución de pequeñas cantidades de estupefacientes. "Actualmente toda la responsabilidad en la lucha contra el narcomenudeo recae sobre los hombros de la Justicia Federal, que se encuentra absolutamente desbordada", aseveró González. Según estimaciones, entre el 60 y el 70 por ciento de las causas que se tramitan en los juzgados federales de Corrientes corresponden a delitos de narcomenudeo, lo que genera una enorme congestión y dificulta la atención en el crimen organizado a gran escala.
Por su parte, la Justicia provincial ha experimentado en los últimos años un incremento en la litigiosidad en diversas áreas del derecho penal. La implementación, en 2022, del nuevo Código Procesal Penal de corte adversarial generó expectativas de mayor celeridad y eficiencia en los procesos. Este nuevo sistema, que prioriza la oralidad, la inmediación y la participación activa de las partes en la producción de la prueba, es similar al que rige en el fuero federal y busca garantizar un juicio más justo y transparente.
Sin embargo, a pesar de los beneficios inherentes al sistema adversarial, su puesta en marcha también ha implicado nuevos desafíos para la Justicia provincial. La necesidad de audiencias orales, la gestión de la prueba de manera más dinámica y la mayor participación de los fiscales y defensores han demandado una adaptación de la infraestructura judicial y una capacitación exhaustiva de los operadores del sistema.
Un dato revelador aportado en el contexto del debate por la desfederalización es el significativo aumento en el número de condenas por juicio abreviado en la Justicia provincial desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal en 2022. El juicio abreviado -similar al que emplea la Justicia federal, que en Corrientes no cuenta con cárcel propia-, un mecanismo que permite resolver causas penales de manera más rápida mediante un acuerdo entre la fiscalía y el imputado, quien reconoce su culpabilidad a cambio de una reducción de la pena, ha demostrado ser una herramienta eficaz para agilizar la resolución de ciertos casos. Si bien el aumento de las condenas por juicio abreviado puede interpretarse como un signo de mayor eficiencia del sistema procesal, también ha generado un impacto directo en el servicio penitenciario.