Regreso al pasado
En un peligroso retorno al pasado, el Gobierno de Javier Milei habilitó a los militares desplegados en la frontera norte del país a practicar detenciones de forma transitoria de "civiles" que sean descubiertos en la comisión de "delitos de flagrancia". El ministro de Defensa, el radical libertario Luis Petri, admitió que "es una medida controversial para todos los que defienden a narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", expresó -en las redes sociales- como si fuera un sheriff en las películas del Lejano Oeste.
El problema, para Petri, para el Gobierno de Milei y, sobre todo, para la sociedad argentina, es que no se trata de una película, sino de la vida real, en la que las autoridades deberían observar la Constitución y la Ley.
El personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) tiene prohibido intervenir en los asuntos de seguridad interior, su misión es otra, bien distinta. Cuando los militares fueron llamados a ejecutar este tipo de acciones el país desbarrancó hacia la catástrofe.
Los períodos más oscuros de la historia reciente de la Argentina se produjeron cuando las Fuerzas Armadas actuaron para detener la oleada de delitos comunes. El genocidio que se inició en 1976, y que se extendió hasta la década de los años ‘80, surgió cuando el poder político dio potestad a los uniformados para "aniquilar" la inseguridad en el país. La administración de Javier Milei repite aquel error, violentando la Constitución Nacional.
El experimento, que tiene al ministro Petri como protagonista, está camuflado en el marco del operativo "Roca", que ha movilizado tropas a la frontera norte del país para reforzar la vigilancia. La Gendarmería Nacional también participa del programa, que en forma reservada estipula la posibilidad de detener a civiles de forma transitoria a aquellos que cometan delitos, pero solo en casos de flagrancia.
Según el Ministerio de Defensa, el personal involucrado recibió capacitación a través de ejercicios prácticos bajo las "Reglas de Empeñamiento", que deben seguir los uniformados cuando están en el territorio, y dispondrán de nuevo equipamiento de protección individual.
El ministro radical defendió la decisión y reconoció que es una medida polémica, pero legal. "La Ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los códigos procesales de las provincias y de la Nación. Solo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas", agregó.
Por otra parte argumentó que todos los países limítrofes con Argentina "usan a sus Fuerzas Armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, Estados Unidos lo acaba de anunciar en enero, ¿por qué acá algunos se escandalizan?".
Al menos dos ex ministros de Defensa, que ideológicamente no están lejos del modelo liberal, salieron a cuestionar la decisión de Petri y advirtieron que "es ilegal". Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena objetaron enfáticamente la iniciativa al señalar que la función de las FFAA debería limitarse a resguardar a la Nación de ataques o conflictos con el exterior.
López Murphy señaló que la medida es "totalmente innecesaria", pero por encima de eso es improcedente. "Las Fuerzas Armadas no tienen autoridad para llevar a cabo la función policial. Su misión específica es otra", remarcó.
Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay señaló que las Fuerzas Armadas "están para detener ataques desde el exterior", y "no para detener civiles". A su vez, resaltó que la orden impartida por el Ministerio de Defensa es técnicamente ilegal, porque una ley debe ser modificada por otra ley, no por un decreto o una resolución "secreta", como la que dictó el ministro Petri.
El Ministerio de Defensa habilitó a las Fuerzas Armadas a practicar detenciones de civiles. Una orden secreta en el marco de un operativo de seguridad para la frontera norte del país.