Los vicios que no vencen
Mientras en la Cámara de Senadores del Congreso se dirime la suerte del proyecto de ley denominado "Ficha Limpia", que pretende adecentar la calidad de la representación legislativa, en distintos puntos del país se replican denuncias por presuntos casos de cohecho de funcionarios de organismos nacionales -como Anses o Pami- que obligan a los empleados a entregar una parte de su salario. Son las dos caras de un país cuya sociedad se ha acostumbrado a transar con monedas de ese tipo.
Es la corrupción que probada o no envuelve los espacios de poder político. De hecho, en el Congreso de la Nación, puntualmente en la Cámara de Diputados, en los últimos años un par de legisladoras correntinas han tenido que enfrentar el escarnio del señalamiento de colaboradores muy estrechos que terminan enojados porque les piden una tajada de la remuneración que se les paga. El escrache se formalizó incluso con audios donde la identificación de las y los protagonistas es indiscutible.
Aquello de pedir una "cuota", una suerte de diezmo para alimentar el sistema que le permite al político en cuestión continuar con su apostolado, no es nuevo. Se trata de una antigua y muy extendida práctica que tuvo su mayor exposición con el caso de Chocolate Rigau en la Legislatura bonaerense.
A riesgo de ser exagerado en la definición hay que decir que la "contribución" se ejercita en todas las jurisdicciones. Por eso, no es sorpresa que se renueven denuncias en el Chaco, Misiones, en Buenos Aires, por casos de "extorsión" de funcionarios políticos a sus empleados. Lo novedoso, en tal caso es que la imputación está dirigida a representantes de La Libertad Avanza (LLA), quienes supuestamente prometían aniquilar los vicios de la casta y volver más decente la administración pública.
De todas las denuncias que se fueron dando en este tiempo por el mismo tema, la que más avanzada se encuentra es la de la provincia del Chaco. Allí el
fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, requirió la apertura (y lo consiguió) de una investigación por "delito de acción pública" por supuesta "extorsión" en maniobras de financiamiento irregular en delegaciones del Pami y Anses que están a cargo de funcionarios libertarios, socios electorales del radicalismo gobernante en la provincia.
La investigación fue iniciada por el fiscal al tomar conocimiento de una maniobra que consistía en que funcionarios y empleados de ambos organismos serían obligados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurarse de esta manera continuar desempeñándose en sus funciones.
El requerimiento del fiscal federal no imputa ni nombra a funcionarios determinados, aunque consigna que la investigación es "en contra de aquellas personas cuya responsabilidad se determine a lo largo de la instrucción".
Distintos programas periodísticos mencionaron que las contrataciones de personal, de funcionarios y de médicos en ambos organismos tenían que efectuarse respecto de aquellas personas que de alguna manera aseguren que iban a responder al partido LLA, "siendo determinante tal condición".
En esos espacios se hizo referencia a situaciones que se estaban produciendo en las delegaciones que ambos organismos poseen en distintas provincias, pero en particular, lo que estaba ocurriendo en las oficinas de la Anses y del Pami con asiento en la provincia del Chaco. Particularmente en el caso del Chaco, refirieron que existiría un balance con los datos de lo que cada una de estas personas aporta por mes, mostrando unas planillas con nombres, períodos, montos y destinos del dinero.
Algo parecido sucede en Misiones, y antes en provincia de Buenos Aires. Es el viejo vicio de la política que siempre gambetea la "Ficha Limpia".
Un fiscal federal del Chaco abrió una investigación por supuesta extorsión a empleados de la Anses y Pami. Sospecha de corrupción, una práctica antigua que sólo cambia de protagonistas