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DOBLE HOMICIDIO EN CURUZÚ CUATIÁ

Para la Fiscalía, la mujer que mató a sus hijos no mostró arrepentimiento

El ministerio público señaló que la acusada Aldana Belén Muñoz estaba consciente cuando mató a puñala­das a sus hijos de 5 y 8 años.

Este lunes 12 de mayo, con los alegatos de las par­tes, continuó el juicio por el doble homicidio ocurri­do en noviembre de 2023 en Curuzú Cuatiá, en el que el Ministerio Público Fiscal acusa a una madre por la muerte de sus dos hijos 5 y 8 años. Luego de iniciada la jornada, el Tribunal de Jui­cio en su integración plena con los jueces Jorge Alberto Troncoso como presidente y Juan Manuel Ignacio Mus­chietti y Ramón Alberto Ríos como vocales, otorgó la pa­labra al Ministerio Público Fiscal para que efectúe sus conclusiones finales y alega­tos sobre la prueba. El lunes 19 de mayo en continuidad de la audiencia, luego de es­cuchar las últimas palabras de la acusada, pasará a de­liberar el veredicto sobre su responsabilidad penal.
En la ocasión, la fiscal Cla­ra Belén Arrúa, a cargo de la Unidad Fiscal de Investiga­ciones Concretas de Curuzú Cuatiá, requirió que se de­clare la responsabilidad de la acusada por el delito por el que fuera llevada a juicio. La fiscal resaltó la inconsisten­cia de la prueba presentada por la defensa; entendió que no se ha podido probar en el juicio el trastorno mental transitorio completo para li­berar de responsabilidad a la acusada. Que esta ha actuado totalmente consciente y enten­diendo lo que hacía, destacando el trabajo realizado por la psi­cóloga y el psiquiatra forenses del Poder Ju­dicial que, a su entender, ra­tificaron la conciencia de la acusada para la realización de los homicidios. También descartó la posibilidad del contexto de violencia de gé­nero, lo que, según expresó, ha surgido de forma clara y contundente con los tes­timonios de los familiares cercanos, que no dieron cré­dito a la versión opuesta por la defensa.
De esa forma, la represen­tante del Ministerio Público Fiscal requirió al Tribunal la declaración de responsabili­dad de la acusada por el de­lito de Homicidio Agravado por el Vínculo (Dos Víctimas en Concurso Real) previsto y sancionado en el artículo 80, inciso 1º, en función del art. 55 del Código Penal de la Nación en calidad de auto­ra conforme artículo 45 del mismo cuerpo legal.
Seguidamente, el Tribu­nal dio la palabra a la defen­sa para sus alegatos finales. En tal sentido la defensora Oficial Julieta Lacroze, a car­go de la Unidad Coordina­dora de la Defensa de Mer­cedes, ratificó su alegato de apertura del juicio, y conclu­yó que, con la prueba traída se ha probado sobradamen­te que el estado de trastorno mental transitorio completo ha existido en la actuación de la acusada al momento de la realización de los hechos. En tal sentido, ha clasificado las deposiciones de los pro­fesionales de la salud mental traídos a juicio en tres cate­gorías, los primeros que la atendieron en los primeros momentos de la investiga­ción psicólogos y psiquiatra de la guardia del Hospital de Curuzú Cuatiá, los se­gundos que practicaron los peritajes con 5 sesiones y algunas más con psicólogo y psiquiatra forenses, y los que la atienden desde que se encuentra en la Unidad Pe­nal 10, desde noviembre de 2023. En tal sentido criticó duramente la actuación de los peritos psicólogo y psi­quiatra forenses del Poder Judicial (Lic. González y Dr. Chaín), que, a su entender, realizaron un dictamen par­cializado en razón de que han dictaminado al momen­to de la práctica del examen, no pudiendo definir lo suce­dido durante el suceso delic­tivo. En cambio, distinguió las deposiciones del resto de los profesionales traídos por la defensa que han dado visos de posible aplicación al caso de un supuesto de in­conciencia con el trastorno ya referido. En tal sentido, ratificó además el contexto de violencia de género en el que vivía la acusada y que, según expuso, la llevaron a autolesionarse y lesionar a sus hijos, todo ello en el transcurso de un trastorno mental transitorio comple­to. Así solicitó al Tribunal la aplicación al caso del su­puesto del art. 34 inc. 1 del Código Penal por "no com­prender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones", en consecuencia la absolu­ción de su asistida