Condenaron a 7 años a pastor evangélico por el abuso sexual de una menor
Al momento del hecho la víctima era una adolescente de 16 años. Los jueces consideraron como agravante la investidura del ministro de culto.
El Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres condenó a un ministro de culto a la pena de siete años de prisión por el delito de abuso sexual simple agravado por su calidad de ministro de culto, informaron ayer fuentes oficiales.
Este extenso análisis profundizará en los fundamentos de la sentencia el contexto del hecho, los argumentos esgrimidos por el tribunal y la relevancia de este pronunciamiento en la protección de los derechos de las víctimas de abuso, especialmente en contextos de poder espiritual.
La sentencia se basa en un hecho ocurrido en el año 2020, cuando el acusado, quien ejercía como líder religioso de una congregación (aunque sin reconocimiento institucional formal), citó a una joven de 16 años al templo con el pretexto de realizar una oración para liberarla de un supuesto mal. Aprovechándose de la confianza depositada en él por la víctima y su familia, el acusado perpetró tocamientos en las partes íntimas de la adolescente durante esta falsa ceremonia. El abuso tuvo lugar en un entorno de vulnerabilidad extrema para la víctima, quien se encontraba sola, sin capacidad de defensa ni plena comprensión de la naturaleza de los actos que se estaban cometiendo.
La investigación y el posterior juicio lograron acreditar que el acusado actuaba como una figura de autoridad religiosa dentro de su comunidad, independientemente de la falta de reconocimiento formal por parte de instituciones religiosas establecidas. Este elemento resultó crucial para la configuración del agravante en su calidad de ministro de culto. La sentencia también enfatizó la responsabilidad indelegable del Estado en la prevención y sanción de este tipo de delitos, recurriendo a normativas de derecho interno y a instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres y los adolescentes.
El núcleo del argumento del Tribunal Oral Penal reside en la consideración de que el consentimiento de la víctima en este caso no podía ser considerado válido. Los jueces Marcelo Manuel Pardo (presidente), Marcelo Ramón Fleitas y Agustín Martín Gatti (vocales), entendieron que la voluntad de la adolescente fue viciada por la manipulación y el engaño urdidos por el acusado, quien se valió de su posición de poder espiritual para someterla.
El juez Marcelo Pardo, en sus argumentos como presidente del Tribunal, fue enfático al señalar que la víctima actuó engañada por el poder simbólico que el pastor ejercía sobre ella. Subrayó que la creencia inocente de la adolescente, propia de su edad, en la autoridad religiosa del acusado, quien se presentaba como la máxima autoridad espiritual de su iglesia, le impidió consentir libremente los actos de naturaleza sexual que se estaban cometiendo sobre su cuerpo.
Pardo también destacó que el acusado se aprovechó de su rol como "referente espiritual" y del vínculo de confianza que había cultivado con la menor y su familia para llevar a cabo su conducta abusiva. En este sentido, remarcó que la investidura de pastor se deriva del ejercicio de la función y de la ostentación de dicho rol ante la comunidad, trascendiendo la cuestión del reconocimiento institucional formal del culto.