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El Gobierno se borra de la paritaria nacional docente pero mantiene el veto

El Gobierno nacional autoeli­minó su participación en la dis­cusión salarial docente y dejó en manos de las provincias la pa­ritaria de ese sector, a través del Consejo Federal de Educación (CFE), pero decidió mantener su poder de veto para el caso de que un eventual acuerdo con el gremio sobrepase los techos que el plan económico les pone a los salarios.

La decisión fue tomada a través del Decreto 341/2025 publicado ayer en el Boletín Oficial, a través del cual el Poder Ejecutivo mo­difica la Ley de Financiamiento Educativo (26075) en cuanto a la responsabilidad del Gobierno de participar en el debate salarial.

El texto original de esa norma indicaba que "el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el CFE y las enti­dades gremiales" eran los respon­sables de arribar a "un convenio marco" referido a las condiciones laborales, el calendario educati­vo, el salario mínimo docente y la carrera docente.

Ahora, el texto modificado por decreto dice que "el Consejo Federal de Educación y las en­tidades gremiales docentes con representación nacional serán los responsables de ese acuerdo". O sea, ya no la cartera educativa que LLA rebajó a la categoría de secretaría en lugar de ministerio.

El CFE es el organismo integra­do por los ministros de Educa­ción de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Año a año, ese Consejo, la cartera edu­cativa y los sindicatos nacionales debatían y acordaban de manera tripartita una "pauta salarial" que servía como parámetro de nego­ciación para las paritarias provin­ciales.

También establecía, en el mar­co de la Ley de Educación Su­perior, el presupuesto para las universidades e institutos depen­dientes de esas casas de estudios (con las cuales el Gobierno abrió un frente de batalla que le costó masivas movilizaciones y protes­tas en todo el país que pusieron en jaque al ajuste en ese sector).

El novedoso paso al costado que da el Gobierno en la mesa de negociaciones implica la elimina­ción de esa pauta salarial nacio­nal y una cesión de esos menes­teres a manos de los gobiernos provinciales.

Lo singular del caso es que lo hizo con un decreto que echa loas al federalismo y a las autonomías provinciales, e indica que, "en ese marco del sistema federal de gobierno deviene innecesaria la participación del Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación en dicha negociación".

Derecho de huelga

El Gobierno dispuso por decreto la reglamen­tación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindica­tos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%. La norma, publicada en el Boletín Oficial y lleva el número 340, está firmada por Javier Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU 70 en su capítulo laboral, que fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT. Hubo rechazo por parte del sindicalismo. 

El Gobierno adelantó que hoy serían presentadas las medidas con las que buscará flexibilizar el uso de dólares ahorrados y que están fuera del circuito formal. Una parte de esa reforma, se estima, llegaría por decreto y otra por la vía de un proyecto de ley a debatir en el Congreso. Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que no se trata de un blanqueo y que no tendrá topes para la utilización de esos ahorros. "Lo que vamos a hacer es más profundo. Es el inicio de un nuevo régimen", agregó