Volvió a caer el Rey de la Salada
Jorge Castillo fue arrestado por la fuerza de seguridad a partir de una pesquisa en curso por diversos delitos relacionados con su actividad.
La mansión de Luján, símbolo de una fortuna amasada en las sombras de la ilegalidad, fue ayer escenario del epílogo, al menos provisional, de una historia que parecía resistir cualquier embate de la Justicia. Jorge Omar Castillo, el septuagenario conocido como el "Rey de La Salada", el artífice y cabeza de lo que fue el emporio de ferias informales más grande de Latinoamérica, fue arrestado ayer a la madrugada en un megaoperativo que sacude una vez más los cimientos del comercio marginal en Argentina. Los cargos son contundentes y familiarmente graves: asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva.
No es la primera vez que Castillo enfrenta a la acción de la Justicia. Su nombre ya había resonado en los tribunales y los medios en 2017 por acusaciones similares. Sin embargo, este nuevo golpe, impulsado por una exhaustiva investigación de la fiscal Cecilia Incardona, parece ir más allá, apuntando al corazón financiero de un esquema que, según las fuentes judiciales, ha logrado perdurar y adaptarse, tejiendo una red aún más intrincada de sociedades y operadores para blanquear millones de pesos. El arresto de ayer no fue sólo la detención de un hombre, sino el desmantelamiento de una estructura que se creía inexpugnable.
El reloj marcaba poco más de las 5 de la mañana cuando un imponente convoy de vehículos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) convergieron en el exclusivo barrio privado de Luján. El objetivo era claro y preciso: Jorge Omar Castillo, quien ya se había vuelto un experto en dilatar procesos judiciales y sortear cercos legales.
El operativo, planificado al detalle durante meses, incluyó el allanamiento simultáneo de múltiples propiedades en el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, vinculadas a la extensa red de Castillo. Más de 300 efectivos, actuando bajo un estricto secreto de sumario, irrumpieron en la residencia de Castillo, que se erige como una fortaleza, rodeada de cámaras de seguridad y muros altos. No hubo resistencia significativa por parte del empresario, quien, visiblemente sorprendido, fue notificado de su detención mientras las fuerzas de seguridad iniciaban un meticuloso rastrillaje de su propiedad en busca de pruebas.
Dentro de la mansión, los investigadores buscaban documentos, dispositivos electrónicos y cualquier rastro que pudiera confirmar la ingeniería financiera detrás del presunto lavado. Trascendió que se incautó documentación contable, discos rígidos y teléfonos celulares, elementos cruciales para la causa. Simultáneamente, otros equipos se dirigieron a oficinas y domicilios particulares de presuntos testaferros y colaboradores clave, así como a las sedes de las empresas que, según la Fiscalía, forman parte del entramado de blanqueo. Este despliegue coordinado subraya la seriedad de la investigación y la determinación de las autoridades para desentrañar un esquema criminal que, por su magnitud, impacta en la economía formal del país.
El núcleo de la acusación que pesa sobre Jorge Castillo y sus presuntos socios radica en una asociación ilícita dedicada a la extorsión, la evasión fiscal masiva y el lavado de activos, con La Salada como la piedra angular de sus operaciones. La fiscal Cecilia Incardona, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Lomas de Zamora, ha logrado desarmar un complejo rompecabezas financiero tras casi dos años de investigación.
Desde 2023, la Fiscalía, con el apoyo de la Afip y la Unidad de Información Financiera (UIF), ha mapeado una red de 89 sociedades comerciales. Estas empresas, muchas de ellas de fachada o con actividades declaradas que no se corresponden con el volumen de dinero que manejaban, habrían sido utilizadas para canalizar las ganancias ilícitas obtenidas de las ferias. El dinero proveniente de los "derechos de piso" abusivos que se cobraban a los feriantes, de la venta de mercadería ilegal (falsificaciones, contrabando) y de otros negocios oscuros, era presuntamente "lavado" a través de estas empresas.s
El esquema
Más de 160 personas se encuentran bajo la lupa de la Justicia; entre ellos figuran no sólo familiares directos de Castillo, sino también contadores, abogados y supuestos testaferros que habrían prestado sus nombres para ocultar la verdadera propiedad de los bienes y el origen de los fondos. Punta Mogote SCA, la sociedad que ostenta el control de La Salada, emerge como la pieza central de este sofisticado esquema de blanqueo.