Reclamo amplificado en el país por una ley de Emergencia en Discapacidad

LAS MOVILIZA­CIONES EN RE­CLAMO DE LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACI­DAD INICIARON EL JUEVES POR LA MAÑANA Y SE EXTENDIERON EN LA CAPITAL FEDERAL Y LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA, JUJUY, ENTRE RÍOS, NEUQUÉN, TUCUMÁN, CATAMARCA, MISIONES, MENDOZA, SAN JUAN, RÍO NE­GRO, SAN LUIS, CORRIENTES Y SANTA FE. 

Organizaciones, familia­res y personas con disca­pacidad se movilizaron el jueves en decenas de ciu­dades de todo el país para reclamar por la sanción de la ley de Emergencia en Discapacidad, que se votará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. En la provincia de Corrientes también hubo movilización del mismo tenor.

Entre las principales con­signas, denuncian la quita de pensiones no contributi­vas, falta de cobertura pres­tacional y medicamentos, e incumplimiento del cupo laboral del 4%. Además, prestadores de servicios apuntan a deudas del Esta­do y a la falta de actualiza­ción de sus honorarios.

En el marco de un recorte presupuestario, las perso­nas con discapacidad y los tutores que se movilizaron señalan que hay incum­plimiento de la Ley 24901, sancionada en 1997 y que establece un sistema de prestaciones básicas para rehabilitación integral, y la Ley 27044, sancionada en 2014 y que otorga jerarquía constitucional a la Conven­ción sobre los Derechos de las Personas con Discapaci­dad en Argentina.

"Venimos hace mucho tiempo arrastrando un défi­cit, pero es la primera vez en 23 años que nos vimos en la necesidad de suspender las actividades, porque la situa­ción se está haciendo total­mente insostenible. Hoy hay un 73% debajo de lo que es la inflación. Los profesiona­les de apoyo están cobrando 307.000 pesos por trabajar cinco días a la semana por cuatro o cinco horas dia­rias", señaló para la Nación Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educa­tiva (Casaie), que representa a 200.000 menores de edad con discapacidad.

JORNADA NACIONAL

Las movilizaciones en re­clamo por la aprobación de la ley de emergencia inicia­ron el jueves por la mañana y se extendieron en la Capi­tal Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Tucumán, Catamarca, Mi­siones, Mendoza, San Juan, Río Negro, San Luis, Co­rrientes y Santa Fe. El recla­mo busca expresar su apoyo a la declaración de Emer­gencia en Discapacidad, que se debatirá el próximo miér­coles 4 de junio desde las 12 en la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue respalda­da por 13 diputados de cua­tro bloques distintos: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cí­vica. A ellos se le sumaría el apoyo del Frente de Izquier­da. Si todos los miembros de las bancadas se encuentran presentes, la oposición su­peraría la mitad del recinto.

La emergencia establece la definición de un presu­puesto para actualizar las retribuciones para los pres­tadores de servicios (trans­portistas, acompañantes terapéuticos, hogares) y los fondos correspondientes a los trabajadores con disca­pacidad que son empleados en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remu­neración que no se modifica desde febrero del 2023. A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorga­ron 586 de las 500.000 soli­citudes. s

La ley busca garantizar derechos

El Congreso de la Nación se prepara para debatir el próximo miércoles 4 de junio un proyecto de ley que busca garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La propuesta incluye medidas relacionadas con el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social. La Ley de Emergencia en Discapacidad tam­bién contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos de servicios y el cum­plimiento efectivo del cupo laboral para personas con discapacidad.

En este sentido, se prevén incentivos para las empresas que decidan contratar a trabajadores de este grupo, con el objetivo de fomentar su inclusión en el mercado laboral. Este aspecto busca abordar una de las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbi­to profesional. Sin embargo, minutos des­pués de conocerse el respaldo mayoritario de la oposición legislativa a la emergencia en discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) emitió un comuni­cado en donde "manifiesta su enérgico rechazo al proyecto" al entenderla como "una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión". 

La Andis interpreta que "la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades. Las personas con disca­pacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social". En el documento, cri­tican la última gestión por el deterioro del poder adquisitivo de las pensiones, "en cambio, este gobierno comenzó a orde­nar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan. Es fun­damental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y pro­tegidos en todos los ámbitos de la socie­dad", concluye. s

Pedido urgente

En paralelo al reclamo de la normativa de emergen­cia, existe un pedido urgente para una mayor celeridad en las auditorías, donde prevalece una falta de diálogo entre las partes que integran la mesa del directorio del Sistema Nacional Único de Salud para Personas con Dis­capacidad, que preside la Agencia Nacional de Discapa­cidad (Andis). Ese mismo pedido corre por la ralentiza­ción en las aprobaciones de las pensiones.