El Superior Tribunal revisó multas de tránsito mal ejecutadas

Dos ciudadanos exigie­ron la eliminación y revi­sión de multas de tránsito registradas con la modali­dad de fotografías sin pre­vio aviso. Su temor radicaba en que se compartiera in­formación sobre sus datos personales sin que existiera una resolución firme ni no­tificada y, por lo tanto, sin modo de corregirla. La Cor­te provincial falló a su favor al considerar que se vulne­ró el derecho de defensa por falta de procedimiento válido.

En dos sentencias dicta­das el 27 de mayo de 2025, el Superior Tribunal de Jus­ticia resolvió rechazar los recursos extraordinarios presentados por el Estado provincial en causas pro­movidas por J. M. L. y L. D. A., quienes habían inter­puesto acciones de habeas data contra la Dirección de Juzgamiento Administrati­vo de Infracciones de Trán­sito. En un caso, A. denun­ció la existencia de más de 70 infracciones desconoci­das por él y solicitó que se informara cuál había sido comunicada a los registros nacionales. Reclamó a la Dirección de Infracciones que le informara qué san­ciones se habían comuni­cado a Nación y argumentó que nunca tuvo oportu­nidad de defenderse ni de acceder al contenido exacto de esas actas.

En el otro caso, L. cues­tionó dos actas de infrac­ción que desconocía y envió cartas documento para exi­gir explicaciones que nunca fueron respondidas. Detec­tó dos infracciones de trán­sito cargadas a su nombre sin haber sido notificado. Las actas eran "fotomultas" y no tenía constancia de haberlas cometido.

Los expedientes LXP 28723/23 y LXP 28811/23 no eran exactamente idén­ticos, sin embargo, com­partían el uso de la acción de habeas data en torno a infracciones de tránsito. Ambos tenían en común también el temor de que esos datos generaran da­ños concretos en su vida cotidiana tales como multas acumuladas, re­tención de licencias, inhi­biciones para renovación de licencia o créditos. Y coincidían en que más allá de la eliminación auto­mática de las multas, estaba en juego el derecho a ser in­formado, oído y a intervenir en el procedimiento antes de que el Estado registrara como firme una infracción.

Los cuestionamientos radicaban en que los or­ganismos provinciales no respondieron sus pedidos de aclaración ni gestiona­ron sus impugnaciones. Por eso, invocaron su derecho a conocer, rectificar o su­primir datos incorrectos según lo establecido por la Ley 25326 de Protección de Datos Personales, la Cons­titución Nacional (art. 43) y la Constitución de Corrien­tes (art. 68).

Tanto A. como L. hicieron notar que las causas habían sido iniciadas en sus luga­res de residencia, ya que vivían a más de 60 km del lugar donde habrían co­metido las infracciones, y criticaron el sistema mismo de notificación de infrac­ciones por "fotomulta", ya que no había garantías de intervención real del su­puesto infractor.

El Superior Tribunal de Justicia ratificó las decisio­nes de primera y segunda instancia, que habían dado la razón a los demandan­tes. Con el primer voto del doctor Luis Eduardo Rey Vázquez se rechazaron los argumentos del Estado pro­vincial y se confirmó que se vulneró el derecho de defensa de los supuestos infractores por una falta de procedimiento válido. La información fue incorpo­rada en bases de datos ofi­ciales sin que existiera una resolución firme ni comu­nicación clara al ciudada­no, indicaron los ministros.

El Tribunal subrayó que la administración no puede decidir discrecionalmente cuándo aplicar o no un pro­cedimiento, ni dejar en el limbo situaciones jurídicas que afectan a los ciudada­nos. También destacó la obligación estatal de garan­tizar la legitimidad de los datos que comunica a otras jurisdicciones, conforme al art. 69 de la Ley Nacional de Tránsito 24449.

Los fallos Nº 1/25 y Nº 2/25 abordan la protección del derecho de defensa en sede administrativa y per­miten identificar la postura de la Corte provincial sobre el alcance del habeas data como herramienta de con­trol ciudadano sobre datos públicos.

El ministro Eduardo Pan­seri reiteró su postura en torno a las mayorías nece­sarias de los cuerpos co­legiados y señaló que las Cámaras de Apelaciones deben constituirse con al menos dos de sus miembros para que el pronunciamien­to fuera válido. s