Confirmaron 13 años de cárcel para concejal que violó a mujeres por planes
Se trata de Guillermo Córdoba, cuya defensa recurrió en queja al máximo tribunal de la provincia. La Corte la desestimó y ratificó el veredicto.
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes ha confirmado la condena a 13 años de prisión impuesta a Guillermo Américo Córdoba, un ex edil de Goya, por los graves delitos de abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado y abuso sexual simple.
La Sentencia 93 del máximo tribunal provincial ratifica así la sentencia inicial dictada por el Tribunal de Juicio con asiento en la II Circunscripción Judicial, marcando un precedente significativo en la lucha contra la corrupción y la violencia de género, especialmente cuando se instrumentaliza la necesidad de los más vulnerables.
La defensa del otrora político integrante del Movimiento Evita en la segunda ciudad de la provincia interpuso un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia. Este recurso es una vía extraordinaria en el sistema judicial argentino, diseñada para revisar la correcta aplicación de la ley y las garantías constitucionales en un proceso, no para reabrir el debate sobre los hechos en sí. La defensa argumentó, presumiblemente, una serie de vicios procesales, errores en la valoración de la prueba o una supuesta inobservancia de las garantías de su defendido, buscando anular o modificar la sentencia condenatoria.
La decisión fue adoptada por los ministros Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz, y con la presidencia del juez Luis Eduardo Rey Vázquez rechazaron el recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado, consolidando una condena ejemplar que pone de manifiesto la cero tolerancia del Poder Judicial ante el abuso de poder y la explotación sexual.
El caso que ha conmocionado a la provincia de Corrientes y que ahora llega a una instancia de confirmación definitiva, destapó una trama de manipulación y abuso que tenía como telón de fondo la extrema necesidad económica de mujeres en situación de vulnerabilidad. Córdoba, en su rol de ex concejal de la ciudad de Goya, había tejido una red de influencias que le permitía acceder a la gestión y otorgamiento de planes sociales, programas habitacionales y otras ayudas estatales destinadas a mitigar la pobreza. Fue precisamente esta posición de poder, su capacidad para ser un "gestor" o un "facilitador" de asistencia, lo que utilizó para victimizar a mujeres desesperadas por asegurar un plato de comida para sus hijos o un techo bajo el cual resguardarse.
Las denuncias, que comenzaron a emerger a cuentagotas y luego se multiplicaron, describieron un patrón aterrador. Córdoba, con la promesa de agilizar trámites, desbloquear beneficios o simplemente incluir a las mujeres y sus familias en listados de ayuda, solicitaba encuentros privados. En estas reuniones, la ayuda prometida se transformaba en una coacción velada, donde el acceso a los planes sociales dependía de la "colaboración" o "disponibilidad" sexual de las solicitantes. La desesperación de estas mujeres, muchas de ellas madres solteras, cabezas de hogar o con cargas familiares numerosas, las dejaba en una encrucijada devastadora: ceder ante la extorsión o ver a sus familias sumirse aún más en la miseria.
La presión psicológica ejercida por el ex edil era constante y sistemática. "Él sabía con quién trataba", comentó un allegado al caso. "Conocía la situación de cada una, sus penurias, y usaba eso para manipularlas. Era un depredador que se alimentaba de la desesperación". Este modus operandi se mantuvo en las sombras durante un tiempo, amparado en el silencio de las víctimas. La naturaleza de "delito continuado" refleja la reiteración de estos actos a lo largo del tiempo, evidenciando un patrón reconocido en el fallo.s