La postergación a los jubilados

Para hoy está citada la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de una sesión especial solicitada por la oposición y el temario propuesto incluye un proyecto de ley previsional con un aumento del 7,5% en las jubilaciones, una nueva moratoria y también la declaración de emergencia en discapacidad. Si el gobierno de Javier Milei lo permite y sus aliados -macristas y radicales- acompañan, el cuerpo podrá avanzar en el debate que hace dos semanas se frustró por la falta de quórum. La oposición, por sí sola, no consiguió reunir el número suficiente de voluntades (129 legisladores sentados en sus bancas) para abrir la sesión. De esta manera funciona, o mejor dicho, no funciona, el Parlamento desde que llegaron los libertarios al poder.

En el hipotético caso de que logren reunir el número mínimo de diputados para abrir la reunión, luego se tiene que aprobar el proyecto de reforma previsional (tanto en Diputados como en el Senado) y luego pasar el filtro del Poder Ejecutivo que ya anticipó que vetará la ley. En definitiva, todo este trámite que se inicia hoy es en vano porque ya se conoce de antemano el resultado final.

El año pasado ya sucedió lo mismo, el Congreso aprobó una reforma previsional que incluía un aumento del 8% de las jubilaciones y el presidente Javier Milei vetó la ley; su bloque y los aliados convalidaron el rechazo en Diputados y después, para celebrar, hicieron un asado en la Quinta Presidencial de Olivos.

Tres diputados correntinos ya votaron en contra del aumento a los jubilados el año pasado: Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza; Sofía Brambilla, del PRO, y Federico Tournier, de ELI. Almirón es uno de los que viene tejiendo alianzas para tratar de ser candidato a gobernador en la provincia de Corrientes. Hoy seguramente los tres legisladores volverán a votar en contra de los jubilados.

La mirada estará puesta también en lo que pase fuera del edificio del Congreso; hoy -miércoles- está convocada la marcha de los jubilados, que en las últimas semanas tuvo muchas adhesiones. Y es posible que tenga otro agregado: los residentes del Hospital Garrahan de Buenos Aires.

Es de esperar que el clima en el exterior no opaque lo que suceda en el recinto. Es indispensable que los legisladores asuman el desafío de un debate serio y profundo sobre la situación de los jubilados nacionales que cargan sobre sus espaldas el mayor peso del ajuste que aplicó Milei desde que llegó al gobierno. La situación ya era precaria antes del cambio de mando en la presidencia, pero con la motosierra el cuadro se volvió más dramático por el deterioro de los ingresos.

Desde hace por lo menos dos años el haber jubilatorio se apoya en un bono de valor fijo, $70.000, que con el paso del tiempo y la inflación se fue desinflando. En junio, ese bono debería ser un 126% más alto para equipararse con los haberes básicos, es que si el Gobierno hubiera aplicado el ajuste por el Indice de Precios al Consumidor (el IPC), el bono para las jubilaciones y pensiones mínimas debería ser $88.000 más alto.

Según un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (Asap), en abril la sumatoria entre haber mínimo y bono determinó que el sueldo de bolsillo de los que están más abajo en la escala no haya crecido si se elimina el efecto inflacionario. En tanto, el gasto que destina la Anses para ese complemento cayó 31% este año en términos reales.

De acuerdo con datos de Asap, en abril el gobierno gastó $3,5 billones para el sistema de reparto, mientras que para abonar los beneficios de los que entraron por moratoria crecieron $1,2 billones, con incrementos reales del 21% y 17,5% reales en relación a abril del año pasado, respectivamente.

En cambio, el gasto para el bono se mantuvo en $250.000 millones, lo que indica una baja del 32% real descontado el efecto de la inflación.

Los jubilados que cobran la mínima pierden poder adquisitivo. Mientras que los haberes se incrementaron 126,7%, la mínima, con bono incluido sólo aumentó 83,3%.