Avícola Santa Ana demandará al Estado por perjuicios económicos
Tras la desestimación judicial de la denuncia penal, la empresa correntina iniciará acciones legales por el impacto económico sufrido.
Luego de más de dos años de conflicto judicial y económico, la firma correntina Avícola Santa Ana decidió avanzar con una demanda contra el Estado nacional por los perjuicios sufridos durante el 2023, cuando fue denunciada penalmente por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) por supuesta falsificación de documentos en el marco de controles sanitarios por gripe aviar. La causa fue recientemente desestimada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, que no halló pruebas para sostener la acusación.
En entrevistas brindadas ayer a Radio Sudamericana y Radio Dos, el director general de la empresa, Daniel Enciso, calificó el proceso como una "persecución institucional" y aseguró que el accionar del organismo nacional provocó un daño financiero grave. "Nos sometieron a un estrés económico enorme. Fue inmoral lo que hicieron, pusieron en riesgo el sustento de 200 familias", expresó el empresario.
Según relató, el conflicto se inició en abril de 2023 cuando el Senasa acusó a la firma de haber adulterado documentación vinculada a muestras para la detección de influenza aviar. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de Enciso y las pruebas presentadas ante la Justicia, dichas muestras "nunca llegaron a realizarse".
"El fallo no nos sorprende porque es coherente con lo que se demostró desde un primer momento. Nunca tuvimos una sola gallina enferma. Lo que sí tuvimos fue una empresa paralizada y una comunidad entera al borde del abismo", señaló Enciso. "Si no hubiese existido el milagro de las cámaras, que demostraron que no se hicieron las muestras, no hubiésemos tenido más Avícola Santa Ana en Corrientes".
IMPACTO EN EL TIEMPO
La Cámara Federal resolvió dejar sin efecto la denuncia del Senasa, cerrando así el capítulo judicial iniciado por el organismo sanitario. Sin embargo, el impacto de esa denuncia aún pesa sobre las finanzas de la firma. Enciso confirmó que ya se encuentran preparando la presentación de una demanda formal por daños y perjuicios contra el Estado nacional, tras concluir un peritaje contable que -según aseguró- está "aprobado y certificado".
"Lo que vivimos fue un daño muy grave y nos costó mucho levantarnos. Todavía estamos pagando las consecuencias de ese ahogo. No fue sólo un conflicto administrativo: fue un ataque directo a la producción, al empleo y a la credibilidad de una empresa que lleva años trabajando con seriedad", afirmó Enciso.
Además del perjuicio económico, Enciso apuntó directamente contra las autoridades del Senasa, a quienes acusó de actuar con "represalias contundentes" cada vez que la empresa presentaba documentación o pruebas en su defensa. "La primera respuesta fue una orden de allanamiento. Después que el juez nos diera una medida cautelar, vino la paralización total de las actividades", recordó.
El impacto del conflicto no fue menor: durante los días más críticos, Santa Ana tuvo que frenar su producción, gestionar la incertidumbre entre sus trabajadores y responder a un clima de sospecha pública alimentado por las imputaciones de un organismo estatal.
El caso reabrió también un debate sobre los controles sanitarios, la transparencia de los procedimientos administrativos y la relación entre las pymes del interior y los organismos de fiscalización nacionales. "Nosotros no nos negamos nunca a cumplir con las normativas. Lo que no aceptamos fue una acusación infundada, sin sustento, que nos dejó al borde del cierre", enfatizó Enciso.
A dos años del inicio del conflicto, la empresa logró recuperar parte de su actividad, pero aún enfrenta secuelas económicas importantes. "Estamos terminando de armar la demanda, porque queremos saber quién fue el responsable de lo que vivimos", sostuvo el director.
En un contexto nacional marcado por la fragilidad del entramado productivo y la necesidad de resguardar fuentes de empleo genuino, el caso de Avícola Santa Ana vuelve a poner sobre la mesa la importancia del accionar estatal con responsabilidad y sin arbitrariedades. Mientras tanto, desde la firma correntina insisten en que no buscan revancha, sino reparación. "No se puede volver atrás, pero sí se puede -y se debe- responder por el daño causado", concluyó Enciso.s