Amplían indemnización por daño moral tras una tragedia vial
El resarcimiento es para los hermanos de un niño fallecido durante el siniestro. La Justicia reconoció el derecho a reparación.
Una nueva mirada judicial permitió ampliar el alcance de la reparación civil en un trágico siniestro vial ocurrido en 2006 en la Ruta provincial Nº 5.
La Justicia correntina ordenó el pago de una indemnización por daño moral a tres hermanos de un niño de 11 años que murió atropellado mientras esperaba el colectivo junto a su familia.
El fallo, emitido por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, modifica parcialmente una sentencia previa.
La jueza Rosana Magan, autora del primer voto, consideró que los hermanos del menor -quienes fueron representados por sus padres durante el proceso- tenían derecho a una reparación, aunque durante el trámite judicial hayan alcanzado la mayoría de edad sin intervenir directamente en la causa.
La tragedia ocurrió en julio de 2006, cuando una camioneta Toyota Hilux fuera de control se desvió de su carril y embistió a una familia que se encontraba a un costado de la Ruta 5, en las inmediaciones de la rotonda Virgen de Itatí. El impacto provocó la muerte inmediata del niño de 11 años, lesiones gravísimas en su madre y una de sus hermanas, y consecuencias emocionales devastadoras para todo el núcleo familiar.
Los padres de la víctima promovieron una demanda civil por daños y perjuicios, en su nombre y en representación de sus hijos menores.
En primera instancia se reconoció una indemnización por daño emergente y moral, pero los hermanos del niño fallecido -una vez alcanzada la mayoría de edad- no fueron considerados beneficiarios del resarcimiento. Esa exclusión motivó el recurso de apelación.
La Cámara, integrada también por la jueza Luz Gabriela Masferrer -quien adhirió a los fundamentos de su colega-, entendió que se trataba de una omisión incompatible con los principios de justicia y con las garantías establecidas en la normativa nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
En sus fundamentos Magan expresó que no puede considerarse la falta de comparecencia personal como una renuncia tácita a derechos ya constituidos: "Ningún cercenamiento a sus derechos fondales e indemnizatorios puede acarrear la circunstancia de que una vez adquirida la mayoría de edad no hayan comparecido por sí mismos al proceso (à), ya que esa consecuencia no está prevista normativamente".
Subrayó -además- que el vínculo familiar estrecho con la víctima -hermano de quienes demandaban la ampliación del resarcimiento- es un elemento suficiente para legitimar el reclamo por daño moral. Este tipo de reconocimiento, indicó, es coherente con la evolución de los criterios jurisprudenciales en materia de responsabilidad civil, que apuntan a una reparación integral del daño.
Este fallo representa un avance en la interpretación de los derechos de las víctimas indirectas, especialmente cuando se trata de menores de edad representados legalmente en los inicios de un proceso que se extiende en el tiempo.
La Justicia puso así el foco en la dimensión emocional y relacional del daño, valorando el sufrimiento de los hermanos, que por su edad al momento del hecho no pudieron ejercer una defensa activa de sus intereses.
La resolución de la Cámara restituye un derecho vulnerado y fija un precedente en cuanto a la protección judicial de los vínculos familiares afectados por tragedias viales. También refuerza el principio de que la mayoría de edad, adquirida en el transcurso de un juicio, no puede operar como excusa para desconocer los derechos ya existentes.
A casi veinte años del hecho, y tras un extenso camino judicial, la decisión significa un paso importante hacia una reparación más justa y humana.