Víctima de abuso por su hermano policía denuncia que sigue en funciones
En 2022 la mujer acusó a su familiar, quien en juicio fue condenado a 13 años pero la sentencia no quedó firme. "Él sigue trabajando", afirmó.
Un agente de la Policía de Corrientes fue condenado a 13 años de prisión por el brutal abuso sexual de su media hermana, sin embargo, a pesar de la sentencia del Tribunal de juicio de Goya, el agresor continúa en libertad y, según la propia víctima, sigue ejerciendo funciones en la Comisaría de Mantilla, la misma localidad donde ocurrieron los aberrantes hechos.
El caso se destapó hace dos años cuando la víctima, de 27 años, tomó la decisión de denunciar a su hermano mayor. La sentencia judicial es contundente: los abusos comenzaron cuando tenía apenas 8 años y se extendieron por casi una década, perpetrándose en la casa familiar de Mantilla. "Desde que tengo uso de memoria esto pasaba", relató la víctima, quien declaró ante el Tribunal de Goya, integrado por los jueces Jorge Carbone, Ricardo Carbajal y Julio Duarte. La condena a 13 años de prisión se dictó por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en carácter de continuado y agravado por el vínculo.
Pero la perversidad de los hechos denunciados va más allá del caso. "Lo denuncié cuando supe que no era la única", explicó. Según su testimonio, otras mujeres de su entorno familiar también habrían sido víctimas del mismo agresor, incluyendo su hermana, de 35 años, y al menos dos primas que, por miedo o por la dificultad de enfrentar el trauma, no se animaron a denunciar. "Cuando hablé por primera vez, todo explotó. Me di cuenta de que no era la única, que no estaba loca. Lo denuncié cuando supe que no era la única porque él está cerca de mis sobrinas y de muchos niños, y era un peligro para la gente que amo", afirmó, destacando el profundo miedo por la seguridad de otros menores cercanos al agresor.
La indignación crece al conocer que, a pesar de la contundente condena, el Tribunal de Goya rechazó -por mayoría, aunque no por unanimidad- el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía y la querella. Esta decisión implica que el sentenciado permanece en libertad a la espera de que la sentencia quede firme, un proceso que puede llevar años si se interponen recursos en instancias superiores.
Lo más alarmante es que según la víctima, continúa en funciones como agente policial de su localidad natal. "Es policía de la provincia de Corrientes en funciones, y estaba trabajando ahí en Mantilla", aseguró la víctima, quien relató haberse cruzado con su agresor en actos públicos e incluso custodiando la escuela donde ella debía votar.
Esta situación no solo genera un profundo sentimiento de injusticia en la víctima, sino que también representa una grave afrenta a la confianza pública en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden. Como únicas medidas cautelares se le impuso al imputado la prohibición de portar armas de fuego y la orden de no acercarse a la víctima en un radio de 100 metros, medidas que para la víctima resultan insuficientes ante la constante amenaza que siente al saber que su agresor sigue libre y activo en la comunidad.
Es por ello que una vez tomado estado público la cuestión, se espera que desde la institución policial se arbitren las medidas necesarias para despejar cualquier duda respecto a la grave acusación realizada por la víctima. S
Vínculo roto
Tras la denuncia, ambos padres cortaron el vínculo con ella, lo que la obligó a mantenerse sola y a interrumpir su tratamiento psicológico por falta de recursos. "Ya sabía que mi mamá no iba a apoyarme, pero igual me volvió a romper el corazón cuando declaró como testigo de él en el juicio. Papá me creyó, pero después me escribía pidiéndome que le pida perdón a mi mamá, como si eso fuera lo más importante".