Corrientes es uno de los puntos de ingreso y venta de huevos ilegales
Productores avícolas advirtieron la irrupción de más de medio millón de huevos por día sin control sanitario ni tributario.
En medio de una crisis de competitividad y frente al incremento de la informalidad comercial, Corrientes se transformó en los últimos tiempos en uno de los principales puntos de ingreso y venta de huevos ilegales provenientes de Brasil, Paraguay y Bolivia. Así lo advirtió la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), que alertó sobre la entrada diaria de unos 550.000 huevos por las fronteras norte del país sin control sanitario ni pago de tributos.
La situación, que afecta también a las provincias de Salta, Formosa y Misiones, genera fuerte preocupación en el sector formal, especialmente entre los pequeños y medianos productores, que enfrentan una competencia desleal con mercadería más barata y sin regulación.
En diálogo con medios nacionales, el presidente de la Capia, Javier Prida, aseguró que aunque el Ministerio de Seguridad de la Nación realiza operativos para frenar el contrabando, los controles actuales resultan insuficientes. "El sistema está desbordado. Hay una perforación manifiesta en las fronteras, y las autoridades miran para otro lado", sostuvo.
Uno de los elementos que permitió identificar el crecimiento del contrabando fue el envase con el que se comercializa la mercadería, muchas veces en condiciones irregulares o inusuales para el estándar nacional. Además de los perjuicios económicos, el ingreso sin trazabilidad ni certificación sanitaria pone en riesgo la salud pública, alertó.
El contrabando se da en un contexto en el que el huevo ganó espacio como alimento clave, por su alto valor nutricional y su bajo costo comparado con otras fuentes de proteínas. Sin embargo, esa misma demanda es aprovechada por redes ilegales que, en algunos casos, operan con camiones y cargamentos de volumen considerable.
"No hablamos de contrabando hormiga. Hay camioncitos, camionetas y hasta casas de familia en el interior que venden huevos sin origen claro. Y no se trata de unas pocas docenas: hay carga importante y distribución sistemática", denunció Sergio Uhrig, gerente de la firma Huevos Campo, en Misiones, que también abastece a localidades de Corrientes.
LOCALIDADES DEL INTERIOR
Si bien en las capitales provinciales el fenómeno no es tan visible, en ciudades del interior, como Paso de los Libres, Santo Tomé o Ituzaingó se detectan ofertas muy por debajo del precio promedio. Mientras que un maple de huevos nacionales ronda entre los $6.000 y los $8.000, los productos ilegales se venden por $4.500 o menos, indican los reportes del sector.
El impacto en el mercado es inmediato: al no pagar impuestos ni someterse a controles bromatológicos, estos productos reducen artificialmente los precios y desalientan la producción nacional. "Nosotros tenemos que pagar impuestos, controlar bromatología, rentas, aportes. Esta mercadería entra sin pagar nada, y eso nos deja fuera de competencia", explicó Uhrig.
Además del perjuicio económico, el mayor peligro es sanitario. La Capia remarcó que los huevos ingresados de forma ilegal no cuentan con el estatus sanitario exigido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y por esa razón no pueden cruzar la frontera legalmente. Su ingreso irregular, sin certificados ni trazabilidad, impide saber si están libres de enfermedades.
El Senasa no tiene poder de policía para fiscalizar los puntos de venta: solo puede actuar en tránsito o en frontera. Por eso la responsabilidad recae en los servicios de bromatología provinciales y municipales, que en la práctica enfrentan serias dificultades para controlar la comercialización informal.
MAYORES CONTROLES
Desde la cámara avícola pidieron abrir una mesa de trabajo que incluya a actores políticos, empresarios y organismos de control, para implementar soluciones integrales.
"La pasividad institucional y el avance del contrabando son una combinación explosiva para el sector formal", advirtió Prida.
El fenómeno se profundiza por la apreciación del tipo de cambio oficial, que incentiva la entrada de productos del extranjero. Y la situación se agrava en las provincias de frontera, donde los controles aduaneros, policiales y bromatológicos no alcanzan a frenar el flujo de mercadería.
Los productores no solo enfrentan un problema económico, sino también una amenaza a la seguridad alimentaria. A la baja rentabilidad se suma la posibilidad de que el consumidor acceda a productos sin garantías, en un circuito que se expande mientras las autoridades aún no logran articular una respuesta efectiva.s