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LA QUIEBRA DEL CORREO ARGENTINO

Carta para Macri: la Corte liberó el camino para una causa judicial

Se activó un expediente que salpica de lleno al ex presiden­te. 

EL GRUPO SOCMA, DE LOS MACRI, RECIBIÓ EL CORREO DURANTE EL GOBIERNO DE MENEM. LO LLEVARON A LA QUIEBRA.

La Corte Suprema de Jus­ticia rechazó un recurso presentado por la defensa de dos directivos del Grupo Macri, quienes pretendían apartar a dos jueces de la Cámara Federal porteña en el marco de la causa penal conocida como "Correo Ar­gentino", que investiga pre­suntas irregularidades en un acuerdo firmado entre el Estado nacional y la empresa controlada por la familia del ex presidente Mauricio Ma­cri. La resolución se conoció ayer, pero fue firmada en la "semana corta" que siguió al fallo que dejó firme la conde­na de Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa "Vialidad".

Puede ser sólo casualidad, pero resulta sugestivo que en tan corto tiempo los "supre­mos" despachen expedientes con alto nivel de radiación política. Una semana Cris­tina, la siguiente Mauricio. ¿Será que soplan nuevos vientos en la Justicia? 

Como sea, el hecho es que esta última decisión de la Corte Suprema tiene alto im­pacto, no de la misma magni­tud del que sufrió CFK, pero constituye un llamado de atención para el empresario, ex presidente de Boca, que también ocupó la Presidencia de la Argentina y aparente­mente aprovechó para "aco­modar" algunos pendientes que dejó la familia durante su paso por la privatización del servicio de correo. 

La historia es larga, vie­ne desde el menemismo, y se resume en un concepto grueso: los Macri quebraron el correo y acumularon una deuda millonaria con el Es­tado argentino. (Ver aparte). Ese descalabro se corrigió parcialmente con una rees­tatización durante la gestión de Néstor Kirchner y el pos­terior inicio de una deman­da para cobrar lo adeudado. Cuando Macri llegó a la Casa Rosada (2015-2019) su go­bierno celebró un acuerdo con los deu­dores (es decir con los Macri) que prác­ticamente los eximía de toda obligación. Así nació el litigio que ahora tuvo un capítulo en la Corte. 

Los directivos Jaime Cibils Robirosa, presidente de Co­rreo Argentino SA, y su abo­gado Jaime Kleidermacher, ambos imputados, habían recusado a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico por "temor de parcia­lidad". Argumentaron que ambos magistrados tendrían "enemistad manifiesta" con el ex mandatario, lo cual, se­gún los acusados, se exten­dería hacia ellos.

La recusación fue recha­zada en primera instancia por la Cámara Federal y lue­go ratificada por el juez de la Cámara de Casación Penal, Javier Carbajo, quien sostuvo que la defensa no logró de­mostrar objetivamente el te­mor alegado. Finalmente, el máximo tribunal desestimó la queja por no dirigirse con­tra una sentencia definitiva o equiparable.

La causa penal, que se tramita desde 2017 en el juz­gado del juez federal Ariel Lijo, también involucra al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al ex titular de Asuntos Jurídicos de esa car­tera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por un acuerdo celebrado en 2016 entre el gobierno de Macri y Correo Argenti­no SA, que preveía condo­naciones que, según la fiscal Gabriela Boquin, licuaban el 98,87% de la deuda de la em­presa con el Estado.

La Fiscalía calificó el acuerdo como "ruinoso" y "abusivo", y logró frenar su ejecución. La causa sigue en etapa de instrucción, es decir en manos del polémico Ariel Lijo, que no pudo llegar a la Corte Suprema.s

Un negocio ruinoso

La empresa Correo Argentino es hoy una compañía pública que funciona bajo la figura de Sociedad Anónima y el único accionista es el Estado nacional, por lo tanto se encuentra bajo el control del Gobierno nacional. 

A poco de llegar al po­der, la administración de Javier Milei inició un proceso de reestructura­ción, con reducción de personal, con el objetivo de ponerlo nuevamen­te en manos del sector privado. Es una de las empresas que figura en el listado de las pri­vatizables y hay varios jugadores del mercado postal (Andreani, OCA, etc.) interesados.

Hasta la década de los años ‘90 el servicio estaba a cargo de Enco­tesa (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos SA), la cual fue declara­da en liquidación con la llegada de Carlos Saúl Menem a la presidencia. En marzo 1997 fue tras­pasada al grupo Socma (de los Macri). 

Para el 31 de diciem­bre de 1999, dos años después, la empresa adeudaba en concepto de canon casi $ 206 mi­llones. Cuando el grupo Socma se hizo cargo de los servicios el 1 de sep­tiembre de 1997, el co­rreo contaba con 20.400 trabajadores, para 2001 la plantilla se había re­ducido a 13.000 emplea­dos y la compañía dejó de pagar salarios.

En septiembre de 2001, la empresa Co­rreo Argentino entró en concurso preventivo. La deuda con el Estado trepaba a $ 257 millones, ya que el Grupo Macri había dejado de pagar regularmente en 1999.

En noviembre de 2003, un par de meses después de asumir el presidente Néstor Kir­chner rescindió el con­trato de concesión por falta de pago del canon convenido y el servicio postal pasó a la Secreta­ría de Comunicaciones del Ministerio de Plani­ficación Federal, el cual creó una Unidad Admi­nistrativa del servicio de correos. Luego se creó Correo Oficial de la Re­pública Argentina.s

257Millones de pesos adeudaba el grupo Macri al Estado cuando declaró la quiebra del Correo Argentino.