En la cárcel o en la casa
La detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner navega en la insólita determinación de ser cuestionada por los legisladores afines y personajes relevantes del espacio que gobernó el país durante veinte años.
Es como que no se entiende aún la decisión de la Justicia respecto a la causa Vialidad, que la Corte Suprema de Justicia dio el cierre final hace un par de semanas y determinó la prisión para la ex presidente.
Y es en ese marco que los fiscales que llevaron adelante la acusación, Diego Luciani y Sergio Mola, apelaron el beneficio del arresto domiciliario concedido a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa denominada "Vialidad" y la decisión definitiva quedará ahora en la Cámara Federal de Casación.
En un escrito de 33 carillas los fiscales reclamaron que se revoque el arresto domiciliario de "Cristina Elisabet Fernández, para que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria", indica el texto al que accedió la agencia Noticias Argentinas.
"No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria", argumentan los fiscales.
La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y tiene prisión domiciliaria, otorgada por el Tribunal Oral Federal 2, en su domicilio de San José 1111 en el barrio de Constitución, con tobillera electrónica y régimen estricto de visitas.
La decisión definitiva debe ser resuelta por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Luciani y Mola afirman que "jamás existieron motivos reales" para darle la domiciliaria a la ex presidenta de 72 años.
El Tribunal Oral Federal 2 concedió el beneficio el 17 de junio pasado en base al atentado que sufrió Cristina Kirchner como vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022, y al concluir que no hay garantías de seguridad en una cárcel común.
"La pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario", insistieron los fiscales ahora.
Además, mencionaron que en caso de ir a una cárcel común y quedar alojada de manera individual "desde ningún ángulo puede asimilarse" esta situación al "aislamiento".
También cuestionaron lo que pasa en el barrio de Constitución, donde está con prisión domiciliaria, a nivel seguridad, y aludieron a un "trato desigual" en relación a otros condenados que están en una cárcel común.
En esa extensa petición se deja en claro -además- la necesaria aplicación de la igualdad ante la ley. Es decir, que quienes cometieron delitos de esa magnitud deben cumplir con la reclusión común, sin privilegios.
Además, siempre de acuerdo a lo expresado por los fiscales, la edad no es motivo de beneficio, teniendo en cuenta que el estado de salud no reviste atención ni peligro.
La Argentina dio un gran paso con esa definición judicial, la de cerrar un ciclo claro de juzgamiento para quien cometió delitos contra la administración pública.
La igualdad ante la ley, con la detención, debe ser analizada ahora para que en definitiva la Justicia sea eso, y para todos.s
La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y tiene prisión domiciliaria, otorgada por el Tribunal Oral Federal 2, en su domicilio de San José 1111 en el barrio de Constitución, con tobillera electrónica y régimen estricto de visitas.
En la cárcel o en la casa