Caso YPF: para el gobierno el fallo de EE.UU. es de "cumplimiento imposible"

El gobierno mantuvo ayer distintas reuniones con eje en el fallo de la Justicia estadounidense sobre YPF y la estrategia que se desarrollará a partir de ahora.

En la Casa Rosada, donde se desarrollaron al menos dos de esos encuentros por el tema, ratificaron la decisión de apelar el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska, que anticipó este lunes el propio presidente Javier Milei.

Preska ordenó a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera. Se trataría de una forma de pago por la sentencia en contra del país en primera instancia, de US$ 16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.

Consultados por los argumentos que se utilizarán para buscar rebatir la decisión, fuentes del Palacio de Gobierno aseguraron que estaban siendo estudiados en estos momentos.

Por lo pronto, en el corazón libertario consideran el fallo de Preska como de "imposible cumplimiento". Lo consideran así por distintas razones, entre ellas por un tema jurisdiccional y porque, en el país, cualquier decisión vinculada a la expropiación de la petrolera deberá pasar por el Congreso de la Nación y obtener dos tercios de los votos.

Respecto del primero de los puntos, las acciones de YPF del Estado argentino están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, por lo que la Justicia estadounidense no podría concretar la quita. El otro punto que jugaría a favor de Argentina es el que establece que la ley que permitió la expropiación de la petrolera prohíbe que se transfieran las acciones sin la previa aprobación del Congreso.

En la sede de Gobierno también negaban ayer que hubiera contactos con los bonistas, en tanto estos aseguran que sí los hay.

A nivel técnico en el país, el caso es llevado por Juan Ignacio Stampalija, segundo de Santiago Castro Videla en la Procuración Tesoro Nacional (PTN). Castro Videla, que asumió a comienzos de este año la Jefatura de Abogados del Estado en reemplazo de Rodolfo Barra, está excusado para participar en el caso porque su ex socio, Alberto Bianchi, fue testigo a favor de Burford y en contra del Estado argentino en este litigio.

Asimismo, desde la Nación acusaron a la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner por las consecuencias legales de la expropiación. El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, publicó en su cuenta de X: "Dijeron que Repsol nos iba a tener que pagar 5.000 millones de dólares por ‘daño ambiental’. Inventaron una sarta de estupideces para justificar un robo. Como todo robo tiene consecuencias...".

Previamente el presidente Javier Milei redobló las críticas contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que como viceministro de Economía en 2012 fue uno de los principales impulsores de la expropiación de YPF. El mandatario planteó en su cuenta de X: "Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires".

El libertario concluyó: "Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina".s