Otra vez amenaza de paro y los pasajeros siempre de rehenes
La UTA anunció asambleas en las cabeceras de las líneas de transporte. analizan medidas de fuerza si no se abonan sueldos y aguinaldos.
La escena se repite con un guión conocido, en el que sólo cambian los meses y las excusas: empresarios que aseguran no tener plata, un sindicato que anticipa medidas de fuerza y miles de usuarios que otra vez quedan atrapados sin soluciones a la vista. Esta vez, la amenaza de paro en el transporte urbano de pasajeros se activó a raíz del anuncio de que no tienen fondos para abonar los sueldos y el aguinaldo correspondientes a junio.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes declaró el estado de alerta y lanzó una advertencia pública: si este viernes, 5 de julio, no se efectivizan los haberes, tomarán medidas "concretas", lo que se traduce en una posible paralización del servicio. El conflicto fue confirmado tras una reunión entre el sindicato y representantes de las empresas Ersa y San Lorenzo, en la que la respuesta empresarial fue tan clara como preocupante: "No tenemos nada para ofrecer".
La firma Transporte Miramar, tercera concesionaria del servicio urbano en esta Capital, ni siquiera asistió al encuentro. "Todo esto está firmado y debe cumplirse", remarcó José Luis Sabao, secretario general de la UTA, en referencia al acuerdo sellado el pasado 29 de mayo, que estableció un salario básico de $ 1.300.000 más adicionales por antigüedad y viáticos.
La fecha límite para el pago es el cuarto día hábil del mes. Pero mientras el calendario avanza, la incertidumbre se apodera otra vez de quienes día tras día dependen del colectivo para ir a trabajar, estudiar, atenderse en un hospital o realizar trámites. En medio del juego de tensiones, el pasajero es el único actor sin voz ni poder de decisión, aunque carga con las peores consecuencias.
Ni los empresarios, que durante años lucraron con un servicio subsidiado y de baja calidad, ni el gremio, que prioriza su estrategia sindical por encima del servicio público que representan sus afiliados, parecen dispuestos a romper con esta lógica perversa. Mientras tanto, los usuarios se enfrentan a la posibilidad concreta de estar sin transporte en pleno invierno y con escasa antelación para buscar alternativas.
Las asambleas previstas para hoy en las cabeceras de líneas no hacen más que calentar el clima interno. Aunque aún no se oficializó el paro, el mensaje está claro: si no hay dinero, no habrá servicio. Nadie menciona la obligación legal de garantizar un esquema mínimo de transporte, ni se habla de sanciones.
Y si bien desde la UTA también responsabilizan al Gobierno nacional por el retiro de subsidios al transporte del interior -lo cual es cierto-, poco se dice del uso que las empresas hicieron históricamente de esos recursos públicos. La opacidad financiera, la falta de inversiones y el incumplimiento de frecuencias forman parte de un modelo agotado que sólo se sostiene con ajustes a los usuarios: menos colectivos pero a la par cobran tarifas cada vez más altas.
En este contexto, el Municipio y la Provincia parecen observar desde la tribuna. El esquema de concesión actual, que debería garantizar previsibilidad y control, muestra fallas graves: no se audita el cumplimiento de los contratos, no se informa a la ciudadanía sobre la situación del sistema, y se permite que los conflictos salariales deriven, una y otra vez, en paralizaciones.
La última palabra la tendrá el calendario. Si este viernes 5 no hay novedades, Corrientes volverá a vivir un fin de semana sin colectivos. Y aunque la medida se justifique desde el punto de vista sindical, su impacto social es innegable. La pregunta ya no es quién tiene razón, sino hasta cuándo se tolerará este ciclo de chantaje encubierto y desidia compartida.
Porque en definitiva, el único actor que nunca falta, que paga su boleto y que sufre cada vez que el sistema colapsa, es el ciudadano. Y ese ciudadano está cansado de que lo usen como rehén.s