La Justicia dispuso prisión domiciliaria para funcionaria detenida

Alberto Fernández se pre­sentó ayer en los tribunales de Comodoro Py y declaró en indagatoria durante casi dos horas ante el juez fe­deral Sebastián Casanello, en el marco del caso de los seguros que investiga pre­suntas irregularidades en el reparto de los contratos en las dependencias públicas durante su mandato, uno de los dos frentes judiciales que aqueja al ex presidente. En un escrito de 11 páginas, y en respuesta a las pregun­tas que le formuló el fiscal Carlos Rívolo, el ex presi­dente intentó despegarse de la maniobra, ratificó la lega­lidad de la resolución que lo involucra directamente, y pidió que se citen a decla­rar a nuevos testigos, como la ex secretaria de Legales Vilma Ibarra, al entonces canciller Santiago Cafiero y al ex ministro de Econo­mía Martín Guzmán, entre otros.

"Jamás coordiné ni direc­cioné una maniobra ilícita; jamás creí que el dictado del Decreto N.º 823/2021 per­judicaría al Estado y jamás busqué beneficiar a las per­sonas o empresas imputadas como brókers", se defendió Fernández. A la salida de la audiencia, su abogada en este caso, Mariana Barbitta, señaló que la imputación contra el ex presidente es "genérica" y que el vínculo histórico con el bróker Héc­tor Martínez Sosa -principal beneficiado de la trama- y su pareja, María Cantero, por entonces secretaria de Fer­nández, no "tiene ninguna relación" con las gestiones para beneficiar a empresas que "no conoce". Fernández ya fue indagado pero su si­tuación procesal, y la de otra treintena de imputados, nunca se definió. El Juzga­do Federal donde se trami­ta el caso cambió de manos en febrero, días después de terminada la extensa ronda de indagatorias. Por pedido de Barbitta, la declaración del ex presidente comenzó dos horas más tarde, cerca del mediodía, y se extendió hasta las 14. Transcurrió en un clima ameno. 

Fue una ampliación de la realizada en noviembre, cuando entregó un escri­to y no contestó preguntas del juez Julián Ercolini -al que había recusado- ni del fiscal.s

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso ayer la prisión domiciliaria a Alesia Abaigar, la fun­cionaria bonaerense que lleva nueve días detenida acusada de haber arrojado estiércol frente a la casa del diputado José Luis Espert. Arroyo Salgado, que se negó a excarcelar a Abaigar y la mantenía detenida en la cárcel de Ezeiza, accedió finalmente a que sea trasla­dada a su domicilio -y siga con prisión preventiva ahí- porque recibió un informe médico oficial que daba cuenta de sus problemas de salud y del impacto nega­tivo que podría tener para ella continuar en la cárcel, informaron fuentes con ac­ceso al expediente. La acu­sada ya le había informado a la jueza, en su indagatoria del jueves de la semana pa­sada, de la entidad de sus antecedentes médicos. Tie­ne una enfermedad autoin­mune pulmonar y tuvo una gran operación el año pasa­do. En paralelo, la Cámara Federal de San Martín debe resolver si corresponde que Abaigar siga presa. La de­fensa apeló el rechazo de la excarcelación dispuesto por Arroyo Salgado. Fuen­tes de la Cámara informa­ron que decidirán el lunes, el día que vence el plazo de la Fiscalía para dictaminar.

Todavía quedan al menos tres dirigentes encarcela­dos por escrachar al dipu­tado oficialista. Entre los detenidos figura Eva Cari­na Alejandra Mieri, actual funcionaria y ex concejala de Quilmes, distrito que gestiona la dirigente de La Cámpora Mayra Mendo­za, cuya vivienda también fue allanada con orden de presentación de documen­tación. Los operativos estu­vieron a cargo de la División Unidad Operativa Federal (Duof) de San Isidro, bajo la órbita del Departamento Federal de Investigaciones. Las órdenes fueron libra­das por el Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Arroyo Salgado, con intervención de la Secre­taría N.º 2, encabezada por Juan Cruz Schillizzi.

Los procedimientos se desarrollaron en domicilios ubicados en las localidades de Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Mas­chwitz, y como resultado fueron arrestadas tres mu­jeres y un hombre, todos mayores de edad, lo que eleva a siete el número total de detenidos en la causa.

Asimismo, los legisla­dores peronistas Mariano Recalde y Vanesa Siley pre­sentaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación una denuncia contra la jue­za por mal desempeño en el ejercicio de sus funcio­nes, debido a las detencio­nes de Abaigar, Mieri, Díaz Bianchi, Muzzio y Montes. Recalde y Siley acusan a la magistrada de "detener ar­bitrariamente a militantes peronistas, en su mayoría mujeres, mantenerlas inco­municadas y en una cárcel de máxima seguridad por un hecho que como máxi­mo podría representar una contravención municipal".

Los legisladores sostu­vieron en su denuncia que se trata de militantes que "están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbó­licas, sin que hubiera vio­lencia ni afectara bienes de nadie".s