Una ciudad a pie, por el paro de colectivos, y el Municipio ausente
En medio del silencio municipal, miles de usuarios están sin servicio desde el sábado. Ni siquiera se implementan unidades de emergencia.
Por tercer día consecutivo Corrientes -capital- permanece sin servicio de transporte urbano de pasajeros. Las unidades de las líneas concesionadas a las empresas Ersa, San Lorenzo y Turismo Miramar continúan fuera de circulación, mientras el Municipio no ha ofrecido ni una solución ni alternativas mínimas para garantizar el derecho al traslado de los ciudadanos.
En este contexto, el Foro de Organizaciones Vecinales (Forve) anunció que presentará una medida judicial por daños y perjuicios contra el Municipio capitalino, ante el desamparo total que viven miles de usuarios. La presentación incluirá casos de trabajadores que perdieron presentismo, estudiantes que no pudieron rendir exámenes y pacientes que no llegaron a sus controles médicos.
"El intendente y los concejales aprobaron aumentos de boleto sin evaluar la calidad del servicio ni prever mecanismos de control. Hoy los vecinos pagan una de las tarifas más altas del país por un servicio que no existe", sostuvo Julio Maciel, referente del Foro, en declaraciones a Radionord.
Desde la organización aseguraron que la situación no es nueva: "Durante años advertimos sobre el incumplimiento de las empresas y la inacción municipal. Siempre se priorizó el interés empresarial. Ahora iremos a la Justicia".
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), por su parte, sostiene la medida hasta tanto las empresas depositen sueldos y aguinaldos actualizados. Pero tampoco se mostró dispuesta a destrabar el conflicto, ni a contemplar excepciones mínimas, como líneas escolares o de emergencia.
El Municipio, en tanto, optó por el silencio. No convocó a ninguna instancia de mediación, tampoco apeló a medidas alternativas, como colectivos municipales provisorios. La gestión no solo se desentiende del conflicto actual, sino que no garantiza un derecho básico como lo es el acceso al transporte público. Otro tanto ocurre con los concejales capitalinos, que ninguno se manifestó al respecto.
El malestar es generalizado. En las redes sociales se multiplican los testimonios de personas mayores que no pueden llegar a sus tratamientos, changarines que pierden ingresos diarios y familias que deben gastar en remises o caminar kilómetros para trabajar o estudiar. Sin colectivos ni refuerzos la ciudad parece inmovilizada.
"El servicio está concesionado, pero la responsabilidad es del Estado. Si el privado no cumple, es el Ejecutivo el que debe responder. Esto es una falta total de compromiso institucional", denunció Maciel.
El Foro también analiza impulsar una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el intendente y los concejales que aprobaron el último aumento de boleto, en una sesión exprés y sin ningún estudio de impacto social.
"Nadie defiende a los vecinos. En Corrientes todo se negocia, y los usuarios siempre pierden", concluyó el dirigente barrial, que además convocó a la ciudadanía a aportar testimonios para sumar al expediente judicial.s