Exigen saber si el Municipio multó a las empresas por dejar a la ciudad sin colectivos
Después de tres días de paro, concejales de la oposición pidieron al intendente que informe si sancionó a las prestatarias
Durante tres días, del 5 al 7 de julio, la ciudad de Corrientes estuvo completamente paralizada en lo que respecta al servicio de transporte público. Ni el Ejecutivo municipal ni las empresas prestatarias ofrecieron alternativas mínimas para garantizar la movilidad de miles de usuarios que dependen del colectivo para estudiar, trabajar o atender cuestiones de salud.
Frente a esta situación, concejales de la oposición presentaron un proyecto de resolución para que funcionarios del área de Transporte informen si el Municipio aplicó sanciones económicas a las empresas concesionarias, en particular a Ersa SA, principal operadora del servicio. El proyecto tomó estado parlamentario en la sesión ordinaria de ayer del Concejo Deliberante y apunta a conocer si se intimó o multó a las firmas por incumplir con lo que debería ser una obligación elemental: asegurar el transporte en una capital provincial.
La iniciativa fue impulsada por la concejala Mercedes Laprovitta, quien, junto con otros ediles del bloque opositor, expresó su preocupación por la reiteración de estos conflictos mensuales que terminan perjudicando siempre al mismo sector: el de los vecinos.
El paro de julio, como los anteriores, se originó por un nuevo conflicto entre las empresas y sus trabajadores. Las prestatarias aseguran no contar con los fondos suficientes para cumplir con el pago de sueldos y medio aguinaldo, y presionan de esta forma para que se incrementen los subsidios estatales de la Provincia y el Municipio o se habilite un nuevo aumento en el boleto.
Sin embargo, para muchos sectores de la sociedad, esa explicación ya no alcanza. La falta de previsión, de planes de contingencia y de acciones efectivas por parte del Ejecutivo municipal deja expuesta la fragilidad de un sistema que debería ser público y garantizado, pero que parece estar librado al vaivén de negociaciones privadas.
La oposición busca respuestas. "Queremos saber si se cumplió con las obligaciones legales del Municipio como órgano de control. ¿Se aplicaron multas? ¿Se intimó a las empresas? ¿Qué se hizo para resguardar a los usuarios?", señalan desde el bloque que acompaña el pedido.
Lo cierto es que mientras se presentan informes y pedidos, no hay señales de una solución estructural ni mucho menos una compensación para los miles de usuarios que quedaron varados en medio de la ciudad por tres días consecutivos.
Tampoco se conoce si desde la Defensoría de los Vecinos se tomó alguna medida concreta para asistir a los damnificados, aun cuando no sea vinculante. Y el riesgo es que, como ya ocurrió en otras oportunidades, el tema quede nuevamente en la nada: sin sanciones, sin respuestas, sin transporte.
La reiteración de los paros y la falta de sanciones visibles pone en duda la eficacia del contrato de concesión y la capacidad del Municipio para ejercer su rol regulador. ¿Cuántas veces más deberán los usuarios soportar esta situación para que se impongan responsabilidades?s