Movilización nacional por la emergencia en discapacidad
Marcela Kriscovich anunció la marcha para el 16. es para exigir que no se vete la Ley. Se trata de una crisis que afecta a miles de familias del sector.
En medio de la profunda crisis económica que afecta a los centros, prestadores y familias vinculadas a la discapacidad, el sector convoca a una movilización nacional por la emergencia que los apremia. En esta línea, Marcela Kriscovich, la presidenta de Prestadores de Discapacidad Unidos, confirmó que realizarán una caminata de 459 kilómetros el próximo 16 de julio, desde la ciudad de Concordia, Entre Ríos, hasta Buenos Aires, para exigir que no se vete la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además apuntó contra el presidente Javier Milei y denunció la falta de diálogo con el Gobierno nacional. Cabe recordar que el pasado miércoles 10 de julio se realizó una manifestación frente al Congreso Nacional en el marco del debate por la ley de emergencia en discapacidad.
Kriscovich señaló en declaraciones a Radio Sudamericana que la movilización busca visibilizar la situación del sector tras la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en el Congreso. Expresó que este anuncio presidencial es "una burla": "Viéndolo a él, siendo el Presidente de todos los argentinos, decir eso con una risa, burlándose, duele mucho", afirmó en declaraciones radiales.
CRÍTICAS Y DENUNCIAS
En cuanto a la movilización del 16 de julio, indicó que partirán por la Ruta Nacional 14 en la provincia de Entre Ríos y que estiman más de una semana de recorrido. "El sector lo necesita, esto es un peregrinar que vale la pena", explicó.
Asimismo, criticó al Gobierno nacional por no tener "interlocutores accesibles, ni canales de diálogo abiertos". En este sentido, acusó: "No hay acceso al director de la Agencia Nacional de Discapacidad ni al del Programa Incluir Salud", denunció.
En este contexto, aprovechó para cuestionar también los argumentos económicos que el Ejecutivo esgrime para justificar el veto: "Dicen que esto costaría 150 millones de dólares por mes, pero no hay un número certero", señaló y rechazó que se hable de "truchos" o "pensiones kirchneristas" desde algunos sectores del oficialismo. "Discapacidad no tiene color político, no somos un gasto", remarcó, al tiempo que sostuvo que la emergencia viene de antes, pero que la actual gestión la profundizó: "Esta gestión agudizó el problema y se cierra al diálogo".
Kriscovich valoró también el apoyo de legisladores como el senador Luis Juez, que votó a favor del proyecto: "No habló como político, habló como papá, y eso fue genial", expresó, agregando que muchas veces la sociedad no reacciona hasta que le toca de cerca: "La discapacidad no avisa, puede aparecer en cualquier momento".
Asimismo, denunció las expresiones cotidianas de discriminación: "Cuando alguien insulta diciendo ‘mogólico’ o ‘autista’ nos duele profundamente", lamentó y
pidió compromiso a los gobernadores para impedir el veto presidencial: "Les toca a los gobernadores no permitir que esta ley sea vetada", insistió.
NUEVAS DISPOSICIONES
Kriskovich también explicó cómo se están aplicando las nuevas disposiciones sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según la Agencia Nacional de Discapacidad, quienes tienen vencimientos entre 2022 y 2024 deben solicitar turno para renovar su certificado, mientras que aquellos con vencimiento en 2025 mantienen su validez hasta 2026.
"Los turnos se solicitan online, pero hay mucha demora, y si el CUD vence, se caen todas las prestaciones. Eso genera una cadena de problemas tanto para las familias como para los centros", explicó.
El trámite debe realizarse en las Juntas Evaluadoras que dependen de los Ministerios de Salud provinciales. En Corrientes, por ejemplo, la sede está ubicada en 9 de Julio 1041. La documentación requerida depende del tipo de discapacidad e incluye historia clínica, informes escolares y certificados médicos.
Kriskovich advirtió que muchos padres enfrentan dificultades para acceder a profesionales especializados, sobre todo en el sistema público: "En hospitales puede demorar meses conseguir un turno con neurólogo o psiquiatra. Por eso intentamos anticiparnos al vencimiento y ayudar a las familias en el proceso", aclaró.