Narcomenudeo: el 80% de las causas quedarían en la Justicia local
Es la estimación con base en datos judiciales oficiales. Chaco absorbió el 77%. en 20 años la desfederalización mermó la cifra global.
La Ley de Desfederalización (Ley 26052), sancionada en 2005, marcó un antes y un después en la estrategia de Argentina para combatir el narcotráfico. Esta normativa, que permite a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) asumir la competencia en la persecución, investigación y sanción de ciertos delitos menores relacionados con estupefacientes, ha reconfigurado el mapa judicial y la dinámica de la lucha contra el comercio de drogas al menudeo. Hoy, dos décadas después, Corrientes está a punto de sumarse al conjunto de 11 jurisdicciones que han desferalizado: ¿qué consecuencias traerá su aplicación?
Un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el más reciente disponible (2024), ofrece un análisis cuantitativo crucial sobre el impacto de esta medida en los sistemas de Justicia federal y provinciales. En síntesis: una descompresión de causas federales y una explosión de legajos en el fuero provincial. ¿De qué magnitud? Dependerá de los recursos que la próxima gestión designe al Poder Judicial, el más relegado de los tres presupuestariamente.
Por ejemplo, Chaco, que desfederalizó en julio de 2015: ese año el fuero provincial incorporó 379 causas extras a las "comunes"; en 2016 adicionó 806 y en 2017 ya se contabilizaban 1.076. Según la Procunar, ese incremento de causas en la Justicia provincial chaqueña permitió descomprimir en un 77% el flujo de causas en la Justicia federal.
El último dato disponible de causas totales iniciadas por el Poder Judicial en el fuero penal data de 2018 y daba cuenta de que incluso antes del cambio del Código Procesal, la máquina institucional se acercaba al umbral de las 30.000 anuales, casi el 70% por delitos contra la propiedad en sus distintas expresiones. Con el nuevo Código, el aumento de causas y su resolución expedita mediante juicio abreviado ha redundado en un aumento de la población penal, sobre todo masculina, dejando al servicio penitenciario al límite de sus condiciones dignas de custodia y guarda de la vida de los reos, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep).
El informe de Procunar analiza la evolución de las causas iniciadas por estupefacientes en el ámbito de la Justicia federal de 2011 a 2022 en las provincias desfederalizadas (excluyendo a Jujuy, Tucumán y Santa Fe por su reciente implementación). Los datos revelan una tendencia clara: una vez que una provincia asume la competencia sobre el narcomenudeo, el volumen de causas por estupefacientes en el fuero federal de esa jurisdicción disminuye significativamente. Por ejemplo, en 2011, el total de causas iniciadas era de 26.668. Tras la implementación de la desfederalización en varias provincias, se observa una reducción, llegando a 14.577 en 2019 y un mínimo de 10.954 en 2020 (año atípico por la pandemia y las restricciones). Si bien hubo un leve repunte a 19.153 en 2022, la cifra sigue siendo considerablemente menor: hubo una disminución global de casi 30%. En términos generales, con la desfederalización disminuyeron las causas por drogas.
Esta descompresión permite que la Justicia federal reoriente sus recursos y esfuerzos hacia investigaciones más complejas y de mayor impacto, relacionadas con las redes de narcotráfico a gran escala. Al liberar a los fiscales federales de la carga de los pequeños casos de tenencia o venta minorista, se espera que puedan dedicarse a desmantelar organizaciones criminales, seguir rutas de dinero y desbaratar estructuras transnacionales. La segmentación de la competencia, por lo tanto, busca una mayor eficiencia en la persecución de los eslabones más altos de la cadena delictiva.
Corrientes, al dar media sanción a la ley de narcomenudeo para desfederalizar, se encuentra en la antesala de un cambio judicial de gran magnitud. Lo más previsible es un aumento sustancial en el número de causas por delitos de estupefacientes en la órbita de la Justicia provincial de Corrientes. Si se sigue el patrón de otras provincias como Buenos Aires, Córdoba o Salta tras su desfederalización, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes y sus organismos de investigación deberán estar preparados para absorber una gran cantidad de expedientes relacionados con tenencia y venta minorista. Paralelamente, la Justicia federal con asiento en Corrientes debería experimentar una descompresión que le permitiría concentrarse en investigaciones de mayor envergadura relacionadas a la trata y las redes narcos. S