Transporte: Corrientes, al borde del mismo abismo que Chaco
Tres empresas de colectivos chaqueñas ya iniciaron procesos preventivos
La situación del transporte urbano de pasajeros en Corrientes se vuelve cada vez más inestable, y se asemeja peligrosamente al colapso que ya vive el Gran Resistencia, donde tres de las cuatro empresas concesionarias -entre ellas Ersa- iniciaron procesos preventivos de crisis.
En esta ciudad los síntomas son similares: demora en el pago de salarios, amenazas de paro por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), presión empresarial para obtener nuevos aumentos tarifarios y una calidad de servicio que se degrada mes a mes.
En Chaco las empresas TCM, Ersa y Tiro Federal avisaron que no pueden sostener los servicios sin más subsidios. Advirtieron sobre despidos y recortes. La UTA chaqueña anticipó medidas de fuerza. El Gobierno provincial, sin margen para aportar más fondos, dio señales claras: no habrá salvataje estatal.
En Corrientes, aunque el paro de este mes se desactivó a último momento con el pago de aguinaldos atrasados, el esquema es idéntico. La empresa Ersa (concesionaria de las líneas 102, 103, 105 y 106), junto a la UTC San Lorenzo (líneas 104 y 108) y Transporte Miramar (líneas 101 y 110), maneja el transporte urbano local con prácticas que repiten el mismo patrón: incumplimientos, opacidad financiera y una amenaza constante de paralización.
COMBUSTIBLE MÁS CARO
En paralelo, con el segundo aumento de combustibles en lo que va de julio, las empresas ya comenzaron a tantear un nuevo aumento del boleto urbano. Actualmente en $1.290, la tarifa podría llegar -según estimaciones por los estudios de costos empresariales- a los $2.200. La excusa: la caída de pasajeros, la quita de subsidios nacionales y la falta de fondos provinciales. La realidad: un sistema de concesión sin control ni sanciones, en el que el pasajero paga siempre el ajuste. Gustavo Larrea, prosecretario de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), fue claro a finales de junio último: "No se cuentan con los recursos, hay que revisar las tarifas". Lo dijo en enero, lo repitió ahora. Lo mismo ocurre con la UTA de Corrientes, que cada mes lanza advertencias de medidas de fuerza y asambleas en cabeceras, sin que el Estado municipal o provincial tomen cartas reales en el asunto.
El problema de fondo es estructural. Ni las empresas cumplen con sus obligaciones de frecuencia, renovación de unidades o transparencia; ni el sindicato pone el foco en garantizar el servicio como derecho social; ni el Estado controla, sanciona o informa a la ciudadanía. En este juego perverso, el único que pierde siempre es el usuario.
La ciudad se ubica entre las más caras del país en materia de transporte público, pero eso no se traduce en un mejor servicio. Con una tarifa que ya se ubica en el puesto 13 a nivel nacional, y sin esquemas mínimos garantizados en caso de huelga, los pasajeros enfrentan cada vez más incertidumbre.
La experiencia chaqueña debe servir de advertencia. La misma empresa que allá se declara en crisis, acá es columna vertebral del sistema. Y la combinación de silencio estatal, presión empresarial y sindicalismo inflexible podría derivar en un colapso similar. ¿Cuánto falta para que Ersa y compañía hagan lo mismo en Corrientes?
Mientras tanto, miles de usuarios, que dependen del colectivo para trabajar, estudiar o atenderse en un hospital, siguen siendo rehenes. Si no hay cambios profundos la pregunta no es si habrá otro paro, sino cuándo. Y hasta cuándo el ciudadano soportará un modelo tan desigual.s