Las fotomultas se convirtieron en un inesperado eje de disputa electoral
Críticas de candidatos obligaron a funcionarios a aclarar cómo opera el sistema. Los vecinos se debaten entre datos falsos y verdades a media
En un contexto electoral cada vez más polarizado, la polémica por el sistema de fotomultas en la ciudad de Corrientes estalló como un tema de alto voltaje político. Candidatos de La Libertad Avanza (LLA), entre ellos el postulante a gobernador Lisandro Almirón y la aspirante a la intendencia Any Pereyra, instalaron públicamente la denuncia de un "sistema recaudatorio" amparado en las cámaras viales. La reacción fue inmediata: al menos tres funcionarios del oficialismo debieron salir a responder, en un intento por aclarar el funcionamiento del sistema y contener el impacto electoral.
"La multa no es por la cámara, es por la infracción", afirmó el subsecretario municipal de Tránsito, Juan Acinas, quien en declaraciones a Radionord explicó que las infracciones por falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) se generan automáticamente al cruzar los datos de la patente con una base nacional. Desmintió así versiones que hablaban de "oleadas de multas" por pasar repetidas veces frente a una cámara. "No se sanciona 30 veces al mismo auto por mes. El criterio es de una infracción mensual", subrayó.
El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, también intervino, acusando a la oposición de "inventar cosas para ensuciar" y de "carecer de propuestas reales". Aseguró que el radar de la avenida Armenia depende de Seguridad Vial de la Nación y que no existen sanciones automáticas por capturas de obleas desde los parabrisas. "Eso es una mentira", sentenció.
En paralelo, desde el Municipio, Jorge Sladek, secretario de Movilidad y Seguridad, remarcó que el sistema no se basa en stickers, sino en la lectura automática de patentes que se contrasta con la base del Registro Nacional Automotor. "La infracción no es inmediata ni acumulativa. Hay 30 días de margen para regularizar", explicó.
Las aclaraciones, sin embargo, no lograron disipar la confusión. La narrativa libertaria se impuso en redes sociales y actividades públicas, apelando a un discurso contra el "Estado que mete la mano en el bolsillo del ciudadano". "Vamos a eliminar esta y todas las cámaras que tengan un fin absolutamente recaudatorio", prometió Pereyra. "La ciudad no es una caja registradora", agregó Almirón.
La cuestión pone de relieve, además, los grises del sistema: si bien el Municipio asegura que no controla los montos -"eso lo definen los tribunales de faltas"-, sí dispone la ubicación de las cámaras. Y aunque las de velocidad deben estar señalizadas, no ocurre lo mismo con las que detectan RTV vencida.
Sladek insistió en que la siniestralidad se redujo hasta un 70% desde la implementación del sistema. Pero los cuestionamientos no se dirigen a la utilidad de la tecnología sino a su aplicación. Las cámaras, que según el Municipio ya existían cuando algunos de los actuales candidatos ejercían cargos públicos, hoy son el blanco predilecto de una oposición que busca diferenciarse del oficialismo en una campaña sin grandes debates programáticos.
El trasfondo, sin embargo, es más profundo: la disputa de fondo es por la credibilidad. La circulación de datos incompletos, la falta de campañas claras de comunicación y el uso político de la información provocaron una creciente desinformación que termina afectando a la ciudadanía. Muchos vecinos desconocen qué cámaras generan multas, qué infracción se sanciona, cómo se determina el monto o dónde reclamar.s